La Junta mantiene la presunción de inocencia de Fernández

La decisión de decretar prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández que ha tomado la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha generado diversas reacciones.

La Junta de Andalucía, personada en la causa, pedía su comparecencia semanal en el juzgado y una fianza de 68 millones, mientras que la acusación particular del PP y de Manos Limpias se han adherido a la petición de la fiscalía de una fianza de 890 millones de euros por responsabilidad civil.

La portavoz del Ejecutivo andaluz en funciones, Mar Moreno, ha mostrado la "pesadumbre" del Gobierno autónomo. Después de indicar que no consideraba necesario el encarcelamiento de Fernández, Moreno ha defendido "el trabajo intenso y positivo" del exconsejero para la resolución de "importantes conflictos laborales" y ha resaltado la labor investigadora de la Junta en este caso, en el que se personó como acusación.

El líder del PP-A, Javier Arenas, por su parte, ha dicho que con el ingreso en prisión de Fernández, la responsabilidad del caso de los ERE llega a la antesala de los presidentes de la Junta y ha pedido la comparecencia urgente del presidente en funciones, José Antonio Griñán.

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, sin embargo, considera que la decisión de la juez ha sido "desproporcionada por innecesaria".

El secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, también ha calificado como "desproporcionado" el ingreso en prisión de Fernández, que no se ha enriquecido en este caso, ha recordado, y ha dicho que existen indicios de que la decisión de la juez estaba previamente definida.

También se ha pronunciado sobre el ingreso en prisión el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, quien ha señalado en su cuenta de Twitter que "la Justicia sigue su curso 'caiga quien caiga'" y que el Parlamento iniciará una comisión de investigación tras una propuesta de IU que también hará el PSOE.