Saber decir que no

Este último viernes se hacían públicas las cifras del endeudamiento de las Comunidades Autónomas. Sin entrar en mayor detalle, nos limitaremos a mencionar que acumulan volúmenes sin parangón a lo largo de la serie histórica. O, por el contrario, entrando en algún detalle, señalaremos un incremento del 17%, sólo en el 2011 anterior.

En todo caso, la reflexión que surge de este planteamiento, más aún o precisamente en momentos como el actual, que luego nadie se acordará, no es otro que el de la necesidad de un replanteamiento, no de la existencia, pero sí de las competencias y, también, de las responsabilidades presupuestarias de las diecisiete Comunidades Autónomas que contribuyen a conformar el Estado español. Reflexión que debería situarse al mismo nivel e importancia que las ya iniciadas en materia laboral y financiera. Y que debería comprender la revisión de la completa arquitectura institucional con la que España se ha dotado en los últimos treinta y cinco años de andadura estatal.

La cuestión tiene que ver también, ciertamente, con la asunción continuada de competencias por las Comunidades Autónomas. Lo cual no es ni bueno ni malo en sí, hasta el momento en que como consecuencia de dicha acumulación se incurre en solapamientos, duplicidades e ineficiencias en el conjunto de la Nación y con los demás niveles de la Administración. Que es lo que nos ha venido a ocurrir. Si bien, todo sea dicho en descargo autonómico, los restantes niveles de la Administración tampoco comprendieron el sentido y significado de palabras como son la prudencia y moderación.

Que no es poca la virtud, en sentido público y político, de quien sólo asume las responsabilidades que bien puede desempeñar y deja a otros los servicios públicos que no se pueden prestar. Sin olvidar, por otra parte, que nadie debería malinterpretar el recurso autonómico a otras estructuras estatales si, de esta forma, consigue obtener un mejor acceso, por ejemplo, a los recursos, financieros o no, que precisa para la ejecución de las competencias de su titularidad. Pero, para ello, se ha de saber decir que no a las competencias y servicios que no se pueden prestar. Y que no por ello se es menos virtuoso en la gestión.

Pero para ello hay que saber decir que no. Y las Comunidades, en momentos, no lo han supieron decir.