CC.OO. interpone una querella criminal contra el consejero de Transportes de Madrid

Comisiones Obreras ha presentado una querella criminal contra el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echeverría, por la supuesta comisión de sendos delitos de prevaricación y coacciones al definir los servicios mínimos durante la huelga de Metro que paralizó la capital a finales de junio. La central cree que dichos servicios fueron abusivos y denuncia que en el momento de decretar sus órdenes, el consejero de Esperanza Aguirre tenía «plena conciencia de la arbitrariedad e ilegalidad» de su actuación. La única razón para dictarlas fue «limitar o vulnerar» los derechos de los trabajadores del suburbano, concluye el sindicato.

La querella apunta que el gobierno regional decretó unos servicios mínimos «idénticos» a los fijados en los paros convocados en la primavera de 2009, que posteriormente fueron anulados por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que fueron declarados como una vulneración del derecho de la huelga.

Según CC OO, Echeverría «actuó como juez y parte». El gobierno regional ostenta la condición de gestora del suburbano y, por ello, el sindicato considera «ilegal» que sea el propio «empresario» quien limite el ejercicio del derecho de huelga. Denuncia que la Comunidad de Madrid recurrió al «método tradicional» de presionar a los trabajadores con el cierre patronal. «Éste se materializó el 29 de junio, cuando la dirección del Metro, siguiendo instrucciones del querellado, dio la orden de cierre impidiendo así el acceso a cualquier persona», indica el texto.

Con su demanda, Comisiones busca «depurar las responsabilidades, penales en este caso, en las que haya podido incurrir» el consejero de Transportes con la fijación «unilateral, arbitraria, inmotivada y abusiva» de unas limitaciones al ejercicio a manifestarse libremente.

A pesar de la querella, el 'número dos' de Esperanza Aguirre, Francisco Granado, aseguró que el gobierno regional está «absolutamente tranquilo» y confió en que la decisión de presentarla no responda a un «cambio de cromos» de motivación política. «Hemos cumplido con nuestra obligación: establecer los servicios mínimos para garantizar el derecho de los madrileños a la movilidad para acudir a su trabajo, para motivos de tipo sanitarios, personal o cualquier motivo de ocio», explicó.