La Audiencia estudia abrir una causa que investigue el asalto de las fuerzas marroquíes al campamento de El Aaiún

La Audiencia Nacional estudia abrir una causa que investigue el asalto de las fuerzas marroquíes al campamento de El Aaiún (Sáhara Occidental), acaecido el pasado 8 de noviembre y en el que murió un ciudadano español. El juez Ismael Moreno tiene encima de la mesa un escrito de la asociación que se querelló contra el Gobierno marroquí en el que reclaman que se pronuncie de una vez sobre la tramitación del proceso. Para ello apelan a la españolidad del territorio saharaui, en línea con los argumentos de la Fiscalía, y a la falta de independencia de la justicia marroquí para indagar sobre los hechos, como recogió el Parlamento europeo en un acuerdo del 25 de noviembre.

El juez está a la espera de la comisión rogatoria enviada a Marruecos para que informen sobre si hay una investigación abierta sobre el asalto al campamento saharaui. La Fiscalía de El Aaiún avanzó el pasado 23 de diciembre que estaba indagando sobre el uso de armas de fuego en los disturbios callejeros, pero no hizo mención alguna sobre la posible comisión de un delito de lesa humanidad, como incluía la querella presentada por La Liga Española Pro Derechos Humanos y que la Fiscalía avaló en un informe posterior.

Los querellantes reclaman al juez que inicie la investigación sin esperar la respuesta de Marruecos. Para ello realizan un pormenorizado análisis sobre la competencia de la jurisdicción española. Consideran que el Sáhara Occidental es un territorio "de derecho" ocupado ilegalmente por Marruecos y que España sigue siendo la potencia administradora. Así lo defendió Naciones Unidas en 2002, cuando declaró ilegal el Acuerdo de Madrid de 1975, por el que España transfirió la soberanía sobre el territorio saharaui a una administración temporal tripartita con Marruecos y Mauritania.

En virtud de esta declaración, la acusación señala que Marruecos ocupa el Sáhara Occidental desde hace más de 35 años y que el Acuerdo de Madrid es nulo de pleno derecho. Ni fue publicado en su momento en el BOE (como exige cualquier ley) ni tampoco fue registrado por la ONU. De esta manera, "no se puede invocar a ningún efecto ni puede constituir base legal para negar la jurisdiccional formal española sobre la provincia del Sáhara Occidental", afirma el escrito.

"Pura falacia"

Los querellantes, por tanto, consideran que la investigación iniciada por la Fiscalía de El Aaiún no prima sobre la jurisdicción española. Por ello tachan de "pura falacia" la argumentación sostenida por el Gobierno de que Marruecos estaba investigando los hechos. Una repuesta que surgió de la reunión que mantuvieron en Madrid el pasado 16 de noviembre el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su homólogo marroquí Taieb Cherkaoui. Una cita que coincidió con la presentación de la querella en la Audiencia Nacional, que, precisamente, iba dirigida entre otros contra el propio Cherkaoui.

La Liga Española Pro Derechos Humanos recuerda al juez Moreno que la justicia marroquí no reúne las garantías mínimas exigibles desde la comunidad internacional, como lo demuestra el acuerdo del Parlamento europeo en el que ponía en duda la imparcialidad de sus tribunales para investigar el asalto de las fuerzas policiales al campamento de Gdeim Izik, a la afueras de El Aaiún. La Eurocámara precisó incluso que la ONU "sería el órgano más adecuado" para llevar a cabo una investigación independiente sobre los hechos.

Los querellantes sostienen que, en virtud del principio de la tutela judicial efectiva, el juez debería haber admitido a trámite la querella -la Fiscalía informó favorablemente- y, de forma posterior, contrastar si había una investigación abierta sobre los hechos en otro tribunal. No obstante, confían en que el magistrado, a la vista de la falta de colaboración de la justicia marroquí y atendiendo a los argumentos jurídicos de su escrito, cambie de postura y decida investigar la muerte del ciudadano español Baby Hamday Buyema.

Además del ministro del Interior marroquí, la querella va dirigida contra los responsables de los Ministerios de Exteriores y Defensa y el gobernador civil de El Aaiún. Se acusa a todos ellos de un delito de lesa humanidad por orquestar el asalto al campamento saharaui, que causó un centenar de asesinatos y la desaparición de otras 600 personas. En la querella también se solicita la declaración como testigo de la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, para que detalle el conocimiento que tuvo de estos hechos.