La previsión de pérdidas será motivo de despido objetivo

Las empresas con pérdidas o que prevean tenerlas, o aquellas cuyos ingresos caigan de forma persistente, podrán despedir trabajadores, de acuerdo con una de las enmiendas introducida al proyecto de Ley de la reforma laboral, aprobado en solitario por el PSOE en la Comisión de Trabajo del Congreso.

La abstención de PNV y CiU, con los que el PSOE ha pactado algunas enmiendas, ha facilitado la aprobación de un texto que en la semana del 23 de agosto pasará al Senado y volverá al Congreso el 9 de septiembre si se introduce alguna modificación.

El punto más polémico durante el paso del proyecto por el Congreso han sido las causas del despido objetivo, es decir, el justificado. En la sesión el PSOE ha vuelto a introducir variaciones a sus últimos cambios. Ha decidido sacar de los motivos de la expulsión de un trabajador la caída relevante de beneficios y la falta de liquidez para introducir la reducción permanete de ingresos que puede afectar a la viabilidad de la empresa.

Negativo balance de la oposición

El PSOE ha pactado 33 enmiendas con el resto de grupos y ha perdido dos votaciones, aunque el balance de toda la oposición ha sido muy negativo sobre el texto que ahora se remite al Senado, donde se debatirá en la semana del 23 de agosto, con vistas a que, si se introducen enmiendas, regrese a la Cámara Baja para ser votado en Pleno el 9 de septiembre, 20 días antes de la convocatoria de huelga general.

En la recta final de la negociación, el PSOE ha pactado con el PNV concretar las causas que permitan acogerse al despido objetivo por causas económicas con 20 días de indemnización. El texto aprobado señala que la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la "razonabilidad" de la decisión extintiva para "preservar o favorecer" su posición competitiva en el mercado.

Los votos de socialistas y nacionalistas vascos, así como las abstenciones de ERC-IU-ICV y BNG, han permitido también la aprobación de una enmienda del PSOE para eliminar la nueva prestación no contributiva de 425 euros mensuales para autónomos en paro que no reciban ninguna ayuda económica. Esta ayuda fue incluida hace una semana, a instancias de CiU y con el voto en contra del PSOE y de IU-IC -más las abstenciones de BNG y Nafarroa Bai-, en la ley que regula la protección por cese de actividad de los autónomos y es independiente de las prestaciones contributivas que regula la norma y que los trabajadores por cuenta propia empezarán a percibir a partir de 2011. El PSOE también ha logrado anular el efecto de otra modificación en la ley de la protección por cese de actividad de los autónomos, que reducía de 18 meses a un año el plazo de espera desde el disfrute de una prestación contributiva hasta el acceso a la siguiente.

Evitar bajas prolongadas

Por otro lado, el Congreso refuerza el papel de los inspectores de la Seguridad Social en los procesos de incapacidad temporal, de manera que podrán emitir un alta médica de forma más rápida que la de los médicos de las mutuas, y serán los únicos competentes, "a través de sus propios médicos", para emitir una nueva baja médica si la situación se produce en un plazo de ciento ochenta días siguientes y deriva de la misma o similar patología. El objeto de esta medida es "evitar una prolongación innecesaria de las bajas" y, según ha adelantado fuentes socialistas, contribuirá a reducir en un 25% el absentismo de las empresas.

Además, se modifican las condiciones que justifican el despido por motivos de absentismo laboral, que la ley mantiene en un límite del 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año, aunque rebaja el umbral con el que se calcula en relación con la media de la plantilla, que los socialistas plantean rebajar ahora del 5% al 2,5%.

Denuncia de los sindicatos

Nada más conocerse el resultado de la votación, CCOO y UGT han denunciado que el texto es el "mayor ataque a los derechos laborales de los últimos 30 años" y han destacado que esto se ha llevado a cabo por un Gobierno "socialista, jaleado para la ocasión por las organizaciones empresariales".

Los sindicatos consideran que el texto que sale del Congreso "facilita" a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, "haciéndola más fácil, más rápida y más barata". Por ello afirman que la huelga general que han convocado conjuntamente para el próximo 29 de septiembre se hace, "si cabe, más necesaria".