El Gobierno balear se personará como acusación particular en la operación 'Voltor'

El presidente del Ejecutivo balear, Francesc Antich, ha anunciado que el Gobierno se personará como acusación particular en la operación 'Voltor', que investiga la presunta malversación de fondos públicos cometida durante esta legislatura a través del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a empresarios próximos a UM, en forma de contratos y adjudicaciones irregulares.

Tras presentar a la nueva consejera de Turismo, Joana Barceló, y al nuevo consejero de Trabajo y Formación, Pere Aguiló, Antich ha recalcado que el Gobierno autonómico "defenderá todos los intereses de los ciudadanos en todos los rincones" y, en este sentido precisaba que si ya lo ha hecho con otras situaciones de supuesta corrupción "lo haremos en este caso igualmente".

El Ejecutivo se personó como perjudicado en el procedimiento judicial que investiga la supuesta trama de corrupción en torno a la construcción del Velódromo Palma Arena, en el que está imputado el ex presidente Jaume Matas, al entender que este hecho era un "acto obligado" que debía hacer el Gobierno balear para defender los intereses de los ciudadanos de las islas.

Prisión para los altos cargos de UM

De este modo, el Ejecutivo que preside el socialista Antich volvería a actuar como acusación particular, en un caso de supuesta corrupción, que afecta directamente a los ex directores generales de Calidad Ambiental y Promoción Turística, Antoni Oliver, y Joan Sastre, respectivamente. Para ambos, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, decretó ayer prisión bajo fianza de 100.000 euros, a fin de mitigar un posible riesgo de fuga por su presunta implicación en esta trama y las penas que llevan aparejadas los delitos que se les imputan.

El juez también decretó la misma medida para los ex presidentes de UM Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer, la misma cantidad que solicitaba la Fiscalía después de que declarasen en el marco de la operación 'Voltor'. El magistrado decretó fianza de 75.000 euros para el contable de UM, Álvaro Llompart, mientras que dejó en libertad sin fianza al director del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico y concejal de UM en Alaró, Antoni Rebassa.