«Ya no busco culpables, ni que me pidan perdón, sólo que nos escuche un juez»

Teresa Álvarez Alonso no llegaba a la mayoría de edad cuando las tropas franquistas ocuparon Asturias. Era otoño de 1937 y una parte de su ser se fue para siempre. Su abuelo, su padre y un hermano fueron encarcelados y otro pariente sería 'paseado'. De la cárcel no volvió el abuelo Evaristo, su padre Francisco lo hizo, pero sordo, pues le metieron la varilla de un paraguas en el oído, y el pequeño José pasó por un campo de trabajo en Barcelona antes de marcharse a Argentina para no volver.

Esta historia resumida de la vida de Teresa, de 93 años, la lleva grabada a fuego en su cabeza. En sus miedos a hablar a escondidas de política, de su casa hacia adentro, nunca ha disimulado su corazón obrero y socialista; o del rencor que le ha acompañado desde entonces y que solo el tiempo y la edad diluyen como un azucarillo.

«Yo ya no busco a los culpables. Han muerto todos. Tampoco que me pidan perdón. Para qué. A estas alturas solo nos queda la reparación moral de que nos escuchen», contaba la anciana a la coordinadora de la querella argentina del franquismo antes de acudir ayer a la Audiencia Nacional, donde por vez primera dos represaliados de la dictadura iban a declarar ante un juez en este tribunal. Aunque se llamara María Servini y viniera de Argentina, el país de acogida de su hermano José hace 60 años.

«Es una fiesta de felicidad que me escuche un juez. Estoy muy contenta, feliz, han pasado muchos años para que llegara este día», declaró Teresa después de haber contestado a las preguntas de la magistrada Servini y de Fernando Andreu, titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, que estuvo de apoyo en cumplimiento de un exhorto de la justicia argentina.

Servini instruye la causa de los crímenes del franquismo en ese país en aplicación de la justicia universal por los vínculos con un delito de lesa humanidad y porque el Tribunal Supremo cerró esta puerta en España cuando lo intentó el juez Baltasar Garzón. Entonces se justificó por las leyes de amnistía de 1977.

«Le mataron por socialista»

Antes que Teresa, Faustina Romeral Cervantes, de 90 años, se sentó en la sala de declaraciones de la primera planta de la Audiencia. Al igual que su compañera, Faustina no pudo viajar la Navidad pasada a Buenos Aires para declarar como querellantes ante la juez Servini, y por eso compareció en el tribunal español.

La anciana relató las represalias que sufrieron sus padres y ella misma durante la dictadura franquista. Que fue detenida en un pueblo de Toledo junto a sus progenitores cuando tenía 15 años. Que mataron a su padre por ser «socialista» y que su madre acabó presa por «opositora». Finalmente, ella también acabó entre rejas entre 1946 y 1952.

«A mi padre lo vi por última vez en el campo de concentración de Los Almendros, en Alicante. Él fue llevado a (el campo de concentración de) Albatera, y esa imagen, la de mi padre despidiéndose de nosotras, la tengo grabada. Él sabía que no nos volvería a ver», relató Faustina días antes de declarar, ya que ayer prefirió contenerse, no hablar a la prensa, e irse a su casa de Madrid en un taxi.

Los abogados que impulsaron la querella, Carlos Slepoy, Ana Mesusuti y Máximo Cstex, mostraron su satisfacción por el hecho de que un juez de la Audiencia Nacional, el mismo tribunal que rechazó la extradición de los presuntos torturadores 'Billy el Niño' y Jesús Muñecas, haya escuchado a las víctimas. «Esta colaboración es una demostración de que algo profundo está cambiando, de que nos acercamos al momento del fin de la impunidad», auguró Slepoy.