Ecologistas reclaman una solución «consensuada» para el vertedero de La Victoria

Ecologistas en Acción ha reclamado a las administraciones una solución «consensuada» para el vertedero de La Victoria, en Chiclana, después de que la Junta de Andalucía haya abierto un expediente sancionador contra el Ayuntamiento chiclanero por infracción grave de la Ley 22/2011 de Residuos.

En un comunicado, el colectivo ecologista pone de manifiesto que se trata de «un vertedero ilegal, que almacena medio millón de toneladas de residuos que se han ido vertiendo durante los últimos años con el consentimiento de todas las administraciones».

Sin embargo, señala que «no se puede decir que el municipio chiclanero se haya desentendido del vertedero y permanecido ocioso», pues «ha comprado la finca donde se asienta, ha cambiado la clasificación del suelo de no urbanizable a uso de equipamiento ambiental, ha habilitado un punto de acopio para los residuos urbanos en ausencia de la planta de transferencia que corresponde construir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y ha llevado a cabo medidas correctoras en el vertedero».

Por ello, se pregunta a qué viene este «exceso de celo sancionador por parte de la Consejería», sobre todo teniendo en cuenta que la provincia cuentan con vertederos «legalizados» con «impactos ambientales mucho más graves», citando como ejemplo el caso de Miramundo en Medina Sidonia.

Abunda Ecologistas en Acción que la Junta «ha financiado el sellado de 232 vertederos incontrolados en Andalucía desde 1999 hasta 2008, por importe de 45,9 millones de euros». Por ello, cuestiona que «se niegue a financiar en lo más mínimo el sellado del vertedero incontrolado de La Victoria". Además, subraya que "en diciembre de 2010 la Consejería se comprometió a colaborar en parte en los costes de ejecución del sellado del vertedero».

Por ello, el colectivo ecologista emplaza a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a «colaborar en el sellado del vertedero de La Victoria, a convocar la Mesa Provincial de Residuos para abordar los problemas no resueltos de la gestión de las basuras en la provincia de Cádiz y a evitar las sanciones que, con seguridad vendrán, de la Comisión Europea por incumplimiento de los compromisos de reciclado».