El Madrid Arena se lleva por delante a un edil del círculo de Ana Botella

El concejal Pedro Calvo Poch se convirtió ayer en la primera víctima política de la tragedia del Madrid Arena, pero quizás no sea la última. El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y eterno delfín de Alberto Ruiz-Gallardón presentó ayer su dimisión solo horas después de que el juez Eduardo López Palop le imputara en el sumario que investiga la muerte de las cuatro jóvenes en la fiesta de Halloween.

Calvo cesa de absolutamente todos sus cargos en el consistorio: teniente de alcalde, concejal delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento, y presidente de Madrid Espacios y Congresos. Precisamente, este último puesto, que ocupaba desde enero de este año, es el que le ha costado su carrera política porque es el máximo responsable de la cesión del Madrid Arena para el Thriller Music Park. Calvo llevaba 12 años en cargos políticos de los gobiernos autonómico y municipal de Ruiz-Gallardón.

Fuentes del caso no descartan que la imputación del edil solo sea la primera de un responsable municipal. El juez ya ha decidido ampliar la investigación penal sobre la tragedia del Madrid Arena a la supuesta responsabilidad del Ayuntamiento que preside Ana Botella en la muerte de las chicas. Según explicaron estas mismas fuentes, el titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que aún no ha desvelado qué cargos concretos imputa a Calvo, ve «posibles indicios» penales por negligencia en la actuación de los responsables municipales, sobre todo porque no habrían controlado que la empresa que organizó el evento, DivierTT, respetara el aforo y el reparto del público por zonas.

La dimisión de Calvo había sido solicitada por casi todos los grupos de la oposición municipal, que también han reclamado la salida de otros altos cargos del Gobierno local y de la empresa municipal, y muy en particular la del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, quien también presidió Madrid Espacios y Congresos y que supuestamente mantiene una relación de amistad con el dueño de DivierTT, el conocido empresario de la noche madrileña Miguel Ángel Flores. Este mismo martes, después de conocer la salida de Calvo, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, reclamó la dimisión de la propia Botella.

Cambio de opinión

El juez López Palop, que el lunes había pedido al Ayuntamiento que identificara la concejalía dedicada a alquilar los espacios públicos para eventos con el fin de llamar a declarar como testigo a su responsable, cambió de opinión ayer después de un breve encuentro con la Fiscalía. El Ministerio Público abogó por cambiar su condición de testigo a imputado habida cuenta de que el concejal durante su declaración podría aportar datos que le impliquen. Ante esta posibilidad, el instructor, antes incluso de que el Consistorio le comunicara que Calvo era el responsable, aceptó la petición de la Fiscalía para que el concejal pueda declarar asistido de un abogado y acogerse a su derecho de no declarar.

Calvo se convierte así en la cuarta persona acusada en este proceso después de que el lunes el magistrado imputara a Flores y a los responsables de las dos firmas encargadas de la seguridad en el recinto, Seguriber, encargada de la protección perimetral, y Kontrol 34, la empresa que tenía que ocuparse de controlar a la muchedumbre en el interior del recinto.

Según el calendario hecho público ayer, el magistrado interrogará el 20 de noviembre a Flores y el 21 al representante de Kontrol 34. No hay fecha todavía para la declaración de Calvo y del representante legal de Seguriber. A esas primeras declaraciones ya podrá asistir el abogado del PSOE. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid se personó ayer como acusación particular en este proceso. Se trata de la segunda acusación registrada, después del sindicato Manos Limpias, y a la espera de que las familias de las cuatro fallecidas y la herida decidan si se personan.

El anuncio de la imputación de Calvo se produjo minutos después de que el magistrado, acompañado de una treintena de personas integradas en la comisión judicial, hiciera la primera inspección ocular del Madrid Arena. Durante dos horas, López Palop, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, representantes del Ministerio Público, funcionarios de la Policía Científica y miembros de la Brigada de Homicidios, y tres agentes -dos policías nacionales y un policía municipal que la noche de autos estaban fuera de servicio y se encontraban en el pabellón- recorrieron las instalaciones, precintadas desde el día de la avalancha mortal.