La Policía controla las movilizaciones contra el ERE del Ayuntamiento Jerez

Las movilizaciones contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) propuesto por el Ayuntamiento de Jerez están chocando hasta ahora con un dispositivo policial que impide que los manifestantes bloqueen el acceso a las sedes municipales.

A primera hora de esta mañana, los delegados sindicales se han concentrado ante la sede de la Delegación municipal de Urbanismo para impedir el acceso de los trabajadores, un propósito que no han conseguido al encontrarse la entrada custodiada por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía.

Según ha explicado a Efe la presidenta del comité de empresa, Nieves Calvillo (CGT), el delegado de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña (PP), ha pedido a los manifestantes que permitieran el acceso de los trabajadores a estas dependencias.

Posteriormente, entre las diez y las once de la mañana, un grupo de unos doscientos trabajadores ha permanecido concentrados ante la sede de Urbanismo, disolviéndose la concentración sin incidentes.

Calvillo ha avanzado que el comité de empresa celebrará a primera hora de mañana una reunión para decidir nuevas movilizaciones, que contarán a partir de ahora con el "efecto sorpresa" con el objetivo de esquivar la presencia policial.

Al mismo tiempo, ha animado a los trabajadores a secundar todas las iniciativas que promueva el comité, para de este modo presionar al Gobierno local y evitar los despidos.

El Ayuntamiento de Jerez anunció el pasado viernes 30 de marzo la tramitación de un ERE que afectará a 300 trabajadores municipales, a los que se sumarán además otros 90 pertenecientes a empresas públicas.

Calvillo ha lamentado que el Gobierno local no haya propiciado desde entonces ningún encuentro formal con los representantes de los trabajadores para tratar de dar salida a este conflicto.

El ERE se integra en el plan de ajuste económico remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que permitirá al Ayuntamiento de Jerez acogerse a la línea de crédito abierta por el ICO y pagar 328 millones de euros a sus proveedores.