Rajoy retrasa la explicación de la subida de impuestos un mes

Primero la cumbre europea, que se celebrará en Bruselas el 30 de enero, y luego el Congreso de los Diputados. Este será el orden de prioridades que seguirá Mariano Rajoy para explicar el severo plan de ajuste que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre. Por lo tanto, habrá que esperar un mes más antes de conocer al detalle los motivos que llevaron al presidente a incumplir el programa electoral del PP y su propio discurso de investidura al decretar de manera inesperada un incremento del IRPF y del IBI. Una decisión que contradice la propia filosofía liberal que atesoran los partidos de centro-derecha europeo y que afectará de manera especial a la clase media.

Pese a ello, Soraya Sáenz de Santamaría rechazó ayer cualquier acusación sobre un cambio de rumbo en la política económica del actual Gobierno. Negó que Rajoy supiera antes del debate de investidura que el déficit alcanzaría el 8%. De hecho, anunció un ajuste de 16.500 millones porque «creyó» la previsión de la exvicepresidenta Elena Salgado, que situó los número rojos del Estado en un 6%. Lo que no concretó es si los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP le comunicaron o no la imposibilidad de cumplir con sus compromisos de aminorar el déficit en las cuentas públicas regionales durante la reunión que se celebró en la sede nacional del partido, el pasado 1 de diciembre.

La vicepresidenta desveló que cuenta con pruebas documentales para demostrar que pidieron al gabinete socialista estos datos económicos durante el traspaso de poderes «sin obtener respuesta». Unos errores en los que incluyó el anunciado superávit del 0,4% en la Seguridad Social, que finalmente se ha convertido en un déficit de 0,06%, lo que supone una nueva desviación, en este caso de 0,5 puntos, que se traduce en 668 millones menos en las arcas del Estado.

«Hay otra realidad y las medidas también son otras. La realidad es más difícil y por eso las medidas son también difíciles», apostilló Sáenz de Santamaría tras el cónclave ministerial de ayer y en alusión a los 20.000 millones de euros más de ajuste no previsto que, según la número dos del Ejecutivo, han provocado la adopción de medidas tan «impopulares» como la subida de la carga impositiva para las rentas del trabajo y la vivienda. No obstante, advirtió de que no vacilarán en dar pasos encaminados a cumplir con el «compromiso» de reducir el déficit, un logro que considera clave para «mantener el Estado del bienestar».

En el Consejo de Ministros, en contra de lo anunciado por el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no se han aprobado nuevas medidas de ajuste, pero sí ha analizado los próximos pasos que dará el Ejecutivo en la senda del ahorro. «Estamos en el inicio del inicio», reiteró la vicepresidenta. Uno de los ejes principales de los nuevos ajustes será adelgazar las administraciones públicas y sus empresas.

Por todo ello, cree que las explicaciones que ofrecerá Rajoy en el Congreso durante los primeros días de febrero no suponen «ninguna demora» y dejó la puerta abierta a la posibilidad de que, previamente, el presidente pueda responder a preguntas de los periodistas.

«Como las medidas se vienen adoptando desde el primer Consejo de Ministros, parece oportuno que se produzca una comparecencia después de esa fecha en la que se aborden los acuerdos del Consejo Europeo y las medidas que puedan adoptarse en los meses siguientes», enfatizó la lugarteniente de Rajoy.

Ante la insistencia de los periodistas sobre la oportunidad o no de que el presidente expusiese sus motivos ante la opinión pública, la vicepresidenta apuntó con énfasis que Rajoy solo lleva un mes en la Moncloa. Abundó, asimismo, en que el Consejo Europeo de finales de enero –con un orden del día centrado en el crecimiento económico y en el empleo– será clave y determinante» para España.

Golpe en Asturias

El Gobierno sigue con el ritmo habitual de ceses y nombramientos. Ayer realizó uno de gran calado político. Nombró delegado del Gobierno en Asturias a Gabino de Lorenzo, histórico alcalde de Oviedo y enemigo declarado del actual presidente del Principado, Francisco Álvarez Cascos, que, tras esta decisión, no tendrá más remedio que negociar con el nuevo representante de Rajoy en tierras asturianas.

Cascos amenazó esta misma semana con iniciar acciones legales contra el Ejecutivo que conforman sus ex compañeros de partido si no modificaban los ajustes ministeriales que, a su juicio, suponían un perjuicio de unos mil millones de euros para su comunidad.