Acuerdo urbanístico para el traslado de las dependencias de Madre Coraje

La modificación de diversas ordenanzas reguladoras de impuestos y tasas ocupan buena parte del orden del día del pleno municipal que está teniendo lugar esta mañana. Están siendo sometidas a esta sesión ordinaria las de construcciones, instalaciones y obras, expedición de documentos administrativos, tramitación de licencias urbanísticas, actuación municipal de control a la apertura de actividades de servicios, ocupación de terrenos públicos con andamios, vallas y materiales de construcción, fijación de anuncios, ocupación del espacio público con mesas y sillas o con puestos o casetas de venta.

El nombramiento de representantes en los consejos de la mujer y del voluntariado y diversas proposiciones de los grupos políticos son otros asuntos de interés en liza. Entre éstas últimas se encuentra la del PP para que se inste a la Consejería de Obras Públicas a dotar de presupuestos de la Junta las partidas para la financiación de la rehabilitación de edificios e instalación de ascensores en distintas barriadas. IU ha presentado dos: una relativa a la modificación de la Ley Hipotecaria para regular la dación de pagos y otra para la gestión directa del servicio de ayuda a domicilio. Y los tres grupos de la oposición plantean una reprobación de la alcaldesa el gobierno municipal hacia las trabajadoras de Acasa encerradas en dependencias del Consistorio

Previamente, en otra sesión extraordinaria se ha constituido la junta general de las empresas Comujesa, Emusujesa, Jereyssa y Jecomusa, pendientes en cada uno de los casos de novedades de diferente calado.

El pleno arrancó descafeinado, con un pequeño debate sin polémica sobre las ordenanzas fiscales que se modificarán el 1 de enero, aprobadas finalmente por unanimidad. También se ha aprobado el acuerdo urbanístico con Herba Ricemills para el traslado de dependencias de Madre Coraje, únicamente con la abstención de IU.

Uno de los puntos más polémicos del día ha estado cuando se ha aprobado por unanimidad la propuesta del PP para que se inste a la Junta a dotar en los presupuestos de la Junta las partidas presupuestarias para la financiación de actuaciones de rehabilitación de edificios e instalación de ascensores en barriadas. Antonio Saldaña y Juan Pedro Crisol han protagonizado uno de sus habituales piques dialécticos debatiendo sobre si la Junta está «jugando limpio» o no con este tema. El PP agradece los votos y Saldaña se ha comprometido a estudiar esa planificación a largo plazo, mientras que Pedro Pacheco ha aprovechado para puntualizar que «hay que ir más allá de los parches y diseñar un plan más ambicioso, una renovación urbana de estas barriadas y no arreglos puntuales en estas viviendas que se hicieron con malos materiales y en sitios no adecuados», recordando casos como el de la reforma integral de San Juan de Dios.

Lío con Acasa

La propuesta conjunta de la oposición para la reprobación al Gobierno por lo que ocurrió en el encierro de las trabajadoras de Acasa, así como una propuesta de IU para la gestión directa del servicio de ayuda a domicilio no han encontrado el apoyo esperado por las movilizaciones. Poco ambiente de protesta en esta ocasión. Eso sí, ha habido un enzarzamiento absoluto entre oposición (Aroa Lobo de IU, José Ramón Alonso, del Foro Ciudadano y Miriam Alconchel del PSOE) y Gobierno (Antonio Saldaña) cuando el PP ha presentado y aprobado la enmienda a la totalidad y ha modificado la reprobación por el trato a la plantilla de Acasa durante el encierro en el Ayuntamiento. La oposición pedía entra otras cosas disculpas a la plantilla y encerrados y la retirada de la denuncia por allanamiento y el PP ha rechazado las acusaciones de «trato vejatorio y humillante», y vuelve al origen del problema, a preguntarse cómo se va a solucionar, pidiéndole a la Junta, que es quien tiene las competencias del servicio, que cumpla. Buena parte del debate ha estado protagonizado por el cruce de reproches y acusaciones entre PSOE y PP, como ha destacado sin ir más lejos la edil de IU, sobre todo por el desvío de fondo de la Ley de Dependencia y la actuación de la Junta.