Los intrusos en los ERE ratifican ante la jueza que cobraron la prejubilación pese a ser ajenos a las empresas

Los falsos prejubilados incluidos en los ERE subvencionados con dinero público en Andalucía durante los últimos diez años han empezado ya a desfilar ante la jueza que instruye el caso. Los tres primeros 'intrusos', que se han negado a declarar, han sido imputados de un delito de tráfico de influencias.

Dos de estos tres primeros imputados están vinculados de forma directa a una agrupación socialista de Camas, en el área metropolitana de Sevilla, mientras que el tercero es concuñado de Antonio Rivas, ex alcalde de dicha localidad y ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en la provincia durante la época en la que supuestamente se produjeron las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo.

Entre julio y septiembre

La juez aun no ha citado a declarar a los presuntos responsables de estas irregularidades, aunque si ha notificado a otros 11 imputados -además de los tres de hoy- para que comparezcan ante ella entre el presente mes de julio y el próximo septiembre.

La Junta de Andalucía ha detectado 72 "intrusos" en los ERE y otros 111 casos "con discordancias administrativas", en unas diligencias en las que también están imputados, entre otros, el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, el exdirector general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero, y el ex sindicalista y "mediador" en los ERE Juan Lanzas.

Derecho a no declarar

Juan Manuel López Espadas y José Acevedo, beneficiarios de prejubilaciones supuestamente fraudulentas citados por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se han acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada y se han limitado a ratificar su declaración policial, según han informado fuentes del caso a la agencia Europa Press.

A lo largo de este viernes también ha sido llamado a declarar otro vecino de Camas, José Antonio García Prieto, quien dimitió como secretario de Política Municipal de la Agrupación socialista de la localidad al ser conocida su prejubilación en una empresa para la que nunca había trabajado.

La magistrada Mercedes Alaya indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

Investigación paralela

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

En el marco de estas diligencias, la juez Mercedes Alaya ha emitido un último auto en el que cita a declarar a un total de 14 beneficiarios de estas prejubilaciones fraudulentas, toda vez que todos ellos habrían comparecido ya ante los investigadores de la Policía Judicial en los últimos meses como fruto del avance de las actuaciones.

Agrupación socialista

Además de los tres citados este viernes, el día 14 de julio, igualmente, han sido llamados a comparecer Ricardo Medina Barrios y José Antonio Márquez Sánchez, también vecinos de Camas y supuestamente beneficiarios de estas falsas prejubilaciones. Ricardo Medina Barrios y Juan Manuel López Espada, además, eran miembros de la Agrupación socialista de Camas.

Ya el 9 de septiembre, la juez ha llamado a declarar al exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla ) Rafael Rosendo y a Andrés Carrasco Muñoz, natural de este municipio y amigo de la infancia del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Para el 15 de septiembre, han sido llamados a declarar María del Carmen Fontela, la segunda 'intrusa' descubierta en la trama, y María del Carmen García, propietaria del restaurante sevillano Río Grande, en cuyo expediente de regulación de empleo fue prejubilada precisamente Fontela González pese a no figurar en la plantilla.

Para el 16 de septiembre, han sido llamados a declarar Alejandro Millán Torres, un pensionista también oriundo de El Pedroso, y Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y "amigo" también del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Para el 19 de septiembre, finalmente, han sido convocados el sindicalista Rafael Rodríguez, Francisco de Paula Hernández Diánez, vecino de Mairena del Aljarafe ( Sevilla ), y Antonio González Pérez.