Los barcos de los ‘narcos’ buscan patrón

MADRID. La presión policial a los ‘narcos’ no solo ha incrementado las incautaciones de droga en los últimos años, sino también el volumen de bienes decomisados a los traficantes. Un informe de la Fiscalía Antidroga señalaba que en las dependencias aduaneras de Alicante se amontonan un centenar de embarcaciones intervenidas a los delincuentes que estaban pendientes de subastar. Esta situación se repite en otras ciudades españolas, donde miles de vehículos y cientos de barcos envejecen en los garajes a la espera de que alguien les dé salida. Ahora el Ministerio del Interior ha dado instrucciones para su venta o destrucción con la autorización del juez.

La circular emitida por la Secretaria de Estado de Seguridad da órdenes a las fuerzas de seguridad para poner fin a esta precaria situación. Reclama desprenderse de aquellos bienes intervenidos que pierden valor, sean peligrosos para la salud o afecten gravemente a su funcionamiento habitual. Para ello considera que las posesiones incautadas en actuaciones contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales derivado de esta actividad pueden ser enajenados o destruidos sin esperar a una sentencia judicial firme.

La instrucción de Interior pretende dar cumplimiento al protocolo de actuación firmado por los ministerios de Interior y Sanidad y la Fiscalía General del Estado. El acuerdo de abril de 2010 buscaba deshacerse de aquellos bienes decomisados que se agolpan en las dependencias aduaneras o en garajes policiales.

Lo habitual es esperar a la sentencia judicial para conocer el destino de estos efectos. Una espera que puede demorar durante años la subasta, por lo que pierden valor o se consideran inservibles. Esta norma afecta a aquellos bienes que son perecederos, que su propietario haga expreso abandono de ellos, que los gastos de conservación y depósito sean superiores al valor en sí, que su conservación pueda resultar peligrosa para la salud pública o que se trate de pertenencias que se deprecien sustancialmente con el tiempo.

En este grupo entran los vehículos, barcos y aviones, y elementos informáticos y de comunicaciones. No se incluye, en cambio, inmuebles, divisas, efectos bancarios, joyas, obras de arte y todos aquellos efectos en los que el transcurso del tiempo no altere su valor de forma importante.

La instrucción de Interior recuerda asimismo que la Policía Judicial puede usar provisionalmente los bienes intervenidos con la correspondiente autorización del juez. Una situación que explica, por ejemplo, que los servicios de vigilancia aduanera usan embarcaciones decomisadas a los narcotraficantes para perseguir estos delitos en alta mar o que las fuerzas de seguridad se hagan cargo de vehículos todoterreno para perseguir a los delincuentes en zonas montañosas.

‘Narcolancha’

El último caso conocido ocurrió hace unos meses en Galicia. La mayor y más costosa embarcación capturada hasta la fecha a redes de tráfico de cocaína pasó a formar parte de los medios tácticos de la unidad de élite operativa de la Guardia Civil. Tiene más de 18 metros de eslora, 2.100 caballos de potencia y está valorada en 1,5 millones de euros. Se utiliza para actuar en operaciones de alto riesgo y fue acondicionada en la base de Valdemoro (Madrid). De la misma forma, la Guardia Civil cuenta con dos Hummer intervenidos a los ‘narcos’ para perseguir delitos medioambientales.

No obstante, los medios incautados aprovechables son escasos y, por regla general, las fuerzas de seguridad solo eligen aquellos efectos que puedan hacer frente a la amenaza del narcotráfico. El resto de bienes se subastan y los que no son vendidos permanecen en los garajes a la espera de darles alguna salida de provecho o, a partir de ahora, ser destruidos, según expone la circular de Interior.

El Plan Nacional sobre Drogas, órgano perteneciente al Ministerio de Sanidad, gestiona estos medios a través del Fondo de Bienes Decomisados, regulado por ley en 2003. Este fondo está integrado por los bienes, efectos e instrumentos intervenidos por sentencia firme en procesos por narcotráfico o en otros delitos conexos. El dinero obtenido está destinado a intensificar las actuaciones de prevención, investigación y persecución de estos delitos, así como a asistencia social y programas de rehabilitación.

En 2009 el Estado ingresó más de 22,5 millones de euros con la venta de estos activos en subastas judiciales y el pasado año los beneficios aumentaron hasta los 31 millones, una partida que procede tantos de los bienes materiales subastados como del dinero líquido intervenido en las operación policiales. Los lotes que son vendidos ya superan las 2.000 unidades anuales, según los datos oficiales, pero muchos más se deterioran sin solución.