El PP exige al Gobierno que no se oculte más y admita su responsabilidad en el chivatazo

El PP reclama al Gobierno que sea transparente y aclare su responsabilidad en el chivatazo a miembros del aparato de extorsión de ETA que impidió una operación policial en mayo de 2006. El partido opositor exige a los socialistas que no se enroquen en que los tribunales deben hacer su trabajo para no dar explicaciones sobre la actuación de los mandos de las fuerzas de seguridad en aquella delación. Unas admoniciones que cayeron en saco roto porque desde el Ejecutivo se insistió una vez más en que debe ser la Justicia la que establezca quiénes son los culpables.

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Javier Arenas, se mostró ayer «seguro» de que el Gobierno tiene «responsabilidades jurídicas e importantísimas responsabilidades políticas» en el aviso que recibieron los 'recaudadores' de ETA en el bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006 para escapar de una redada antiterrorista. El dirigente opositor comentó en un acto de su partido en la localidad sevillana de Dos Hermanas que las informaciones publicadas ayer por este periódico son de «extrema gravedad» pues ponen de manifiesto la participación de mandos de la Policía en el chivatazo.

Arenas sostuvo que el Gobierno «no debe ocultarse más» y dar explicaciones cuanto antes porque de no ser así «cada día se le complicarán más las cosas». El Ejecutivo, y en especial el Ministerio del Interior, prosiguió, tiene que arrojar luz sobre los puntos oscuros porque «nadie puede entender» que desde las fuerzas de seguridad «se ayude a un presunto terrorista a huir cuando el presunto terrorista va a buscar financiación para que haya más atentados».

De acuerdo con los informes policiales aportados al sumario sobre el chivatazo que instruye el juez Baltasar Garzón, un agente entregó al presunto responsable del aparato de extorsión de ETA, Joseba Elosúa, un teléfono al que llamó un mando policial que alertó de la inminencia de la operación. El soplo, según se recoge en la investigación, pretendía «no fastidiar todo el proceso» de conversaciones entre el Gobierno y ETA abierto tras el alto el fuego de marzo de 2006.

Esperar

El Gobierno nunca ha comentado los hechos con el argumento de que el sumario de la causa no se ha cerrado y el juez no ha concluido la investigación. El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, afirmó ayer en una entrevista que «lo razonable es esperar a que termine» el proceso judicial antes de sacar conclusiones. Recordó, no obstante, que «algunas personas que hoy aparecen bajo sospecha» fueron los responsables de la posterior detención de los 'recaudadores' del impuesto revolucionario.

Los colaboradores de ETA escaparon de la redada de mayo, pero fueron detenidos al mes siguiente. Elosúa fue capturado en el municipio alicantino de Santa Pola el 20 de junio, aunque fue puesto en libertad por Garzón en marzo de 2007 por su delicado estado de salud. También fueron arrestados otros cuatro miembros del aparato de extorsión, Carmelo Luquin, yerno de Elosúa, Jean Pierre Harocarene, Ramón Sagarzazu e Ignacio Aristizabal. Gorka Aguirre, el fallecido dirigente del PNV, fue arrestado en primera instancia, pero quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros, aunque imputado por un delito de colaboración con banda armada. En Francia, asimismo, fueron detenidas siete personas más.

Blanco indicó además que el PP comete «un despropósito» al situar a José Luis Rodríguez Zapatero como último responsable de la delación. El vicesecretario de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, habló de que el jefe del Ejecutivo es «el señor equis» del caso Faisán, mientras que Arenas afirmó que «el chivatazo a ETA será el GAL de Zapatero».

Los populares han hecho del soplo al aparato de extorsión de los terroristas una de sus banderas de oposición después de haber dejado que pasara sin prestar excesiva atención al hecho en la pasada legislatura. Mariano Rajoy sólo hizo una pregunta a Zapatero en el Congreso sobre el asunto, en octubre de 2006, y la polémica apenas se suscitó en los debates entre ambos líderes durante la campaña electoral de 2008. Pero desde el verano pasado, los dirigentes opositores han martilleado al ministro del Interior, y por extensión al presidente del Gobierno, con el chivatazo.

Es más, el PP ha anunciado que a partir de la segunda semana de febrero, cuando se celebrará en el Congreso el primer pleno del nuevo periodo de sesiones, emprenderá una ofensiva parlamentaria contra Alfredo Pérez Rubalcaba para que explique sus responsabilidades en la delación. Unos emplazamientos que, salvo cambio de estrategia, tropezarán con el silencio gubernamental hasta que concluya la labor de la Justicia.