Las cajas de ahorro alertan de que bajar el paro al 8% llevará diez años

Las cajas de ahorro ven muy larga y oscura la travesía del desierto de la economía española. Piensan que llevará diez años, el doble de lo que calcula el Gobierno, volver a las tasas de paro anteriores a la crisis -la mejor, el 7,95% del tercer trimestre de 2007- y consideran sencillamente «imposible» que el déficit se sitúe por debajo del 3% del PIB en 2013, como exige la UE. Este año, los 'números rojos' no bajarán del 12% de esa magnitud y, para contribuir a reducirlo, la Fundación de las Cajas de Ahorro aconseja, entre otras medidas, un ajuste del empleo público en los ayuntamientos. El director de previsión y coyuntura de Funcas, Ángel Laborda, adelantó una nueva revisión de las proyecciones económicas durante la presentación de una encuesta realizada por encargo de la institución, con respuestas que sacan a la luz el desafecto de los ciudadanos hacia los políticos y los medios informativos. El economista explicó que el paro que no toma en cuenta las variaciones propias de cada temporada seguirá creciendo hasta la próxima primavera, cuando alcanzará los 4,5 millones de parados, lo que equivale al 19,5% de la población activa.

El resto del año el desempleo seguirá en esos niveles, y sólo a partir de 2011 empezará a descender al ritmo de una a dos décimas por trimestre. Para que la caída se acentúe habrá que esperar al bienio 2012-2013, dijo Laborda. Y justificó la abierta discrepancia con las tesis del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, que sitúa en un plazo de cinco años la vuelta a una proporción de parados del 8%, en las dificultades de 'reponer' con otro tipo de actividades el empleo que generó la construcción durante el auge de la burbuja inmobiliaria, cuando se llegaron a edificar 700.000 viviendas nuevas al año.

El director de coyuntura también rechazó de plano cualquier posibilidad de reducir el déficit de las administraciones desde el 12% del PIB que estima para este año -cuando el Gobierno mantiene un objetivo del 8,1%- hasta situarlo por debajo del 3% en el plazo de un trienio. «Tendrían que producirse varias revoluciones en el sentido literal del término, sin que resulten suficientes las reformas estructurales pendientes», aseveró.

Laborda aseguró que las proyecciones no se han modificado «para meter miedo a la gente», sino en un intento de ser realistas. «Nos va a costar bastante salir de ésta, y tendremos que convivir con el déficit y el paro elevados durante varios años», dijo, porque el crecimiento seguirá débil a medio plazo. No obstante, una recuperación algo más rápida del entorno internacional ha llevado a Funcas a estimar que el Producto Interior Bruto de España se estabilizará este año, en vez de sufrir una nueva reducción del 0,5%, como figuraba en las previsiones elaboradas hace dos meses. «Estamos tocando fondo en estos momentos, y junto al avance nulo de 2010, ahora pensamos que en 2011 la tasa de crecimiento será todavía muy modesta, del orden del 1,3%», ratificó.

La prolongación de un débil crecimiento durante varios años y las consecuencias del envejecimiento de la población sobre el gasto público son algunos de los factores que llevan a la Fundación de las cajas de ahorros a advertir de la gravedad de los problemas a los que este Gobierno y cualquier otro tendrán que hacer frente para financiar las necesidades de la sociedad. «La crisis ha puesto nuestro sistema patas arriba», declaró Laborda.

Ajuste del empleo público

Para reequilibrar las cuentas Funcas sugiere, entre otras medidas, un ajuste del empleo público, que ha crecido desproporcionadamente en el conjunto de las administraciones, así como de las remuneraciones de ciertos colectivos. Un estudio de la Fundación revela que, entre 1998 y julio de 2009, la cifra de empleados públicos ha crecido en España en 565.000 personas, un 27%, hasta alcanzar un total de 2.659.000 ocupados. La descentralización se ha traducido en un recorte del 24% en los trabajadores de la administración del Estado, que ha ido acompañado de un incremento del 99% en los autonómicos y del aumento del 42% en los que mantienen un empleo en las corporaciones locales.

Los ayuntamientos, en concreto, han procedido a un gran aumento de efectivos al calor del 'boom' inmobiliario. Y las retribuciones, según el autor del trabajo, el catedrático Miguel González Moreno, «no están en consonancia con la capacidad y solvencia de las haciendas locales». Lo que se denuncia es la contradicción de que junto a empleados públicos eficaces y mal pagados, que se pasan al sector privado por falta de reconocimiento, en los ayuntamientos hay muchos puestos derivados de «decisiones discrecionales».