Gibraltar devuelve las armas y la lancha de la Guardia Civil y el Gobierno insiste en sus disculpas

Por la frontera con Gibraltar se ha colado el enésimo problema diplomático del Gobierno, al que se le acumulan los frentes entre la activista Aminatu Haidar aferrada a su huelga de hambre en Lanzarote, el secuestro sin resolver de los tres cooperantes en Mauritania y las secuelas aún vivas de la liberación del 'Alakrana'. El incidente ocurrido en la noche del lunes, con cuatro guardias civiles retenidos en el Peñón por introducirse en suelo gibraltareño sin permiso, sirve para dar una nueva vuelta al debate siempre latente sobre las relaciones que debe mantener España con la colonia británica, las cuales no han pasado por su mejor momento en las últimas semanas. Lo del lunes se puede considerar un capítulo más.

Interior no dejaba pasar ni 24 horas y se apresuraba a pedir disculpas a las autoridades gibraltareñas, que las recibían de buenas maneras. Pero este gesto ha sido interpretado por el principal partido de la oposición como una prueba más de sumisión por parte del Gobierno español, a quien no le perdonan la visita que el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos realizó al Peñón y que la entendieron como una renuncia tácita a la vieja reivindicación de recuperar ese territorio para el Estado español.

El día después del incidente comenzaba con la entrega en el mar de las armas y de la embarcación de la Guardia Civil que aún estaban bajo la custodia de la Royal Police tras el regreso de los guardias la noche antes. Y con una investigación recién iniciada por el Instituto Armado, desde el Gobierno se reiteraba que habían pedido perdón, subrayando el error de los agentes al haber pisado suelo gibraltareño durante la persecución sin avisar a la policía gibraltareña. El ministro de Exteriores dio prácticamente por hecho que los agentes llegaron hasta el propio Gibraltar y que, por tanto, «no era una cuestión de aguas».

Antes de esas declaraciones, el ministerio del Interior emitía un comunicado en el que informaba de la conversación mantenida por Alfredo Pérez Rubalcaba con el ministro principal de la colonia, Peter Caruana. En ella, además de lamentar lo ocurrido, Rubalcaba le trasladó que la operación policial fue de «carácter excepcional» y no tenía «ningún tipo de intencionalidad política».

Desde el otro lado de la frontera, Caruana declaraba a la Cadena Ser que daba por válidas las explicaciones y ahondaba en el error policial, puesto en evidencia por el Gobierno español: «No hubo contacto a través de las radios entre unos agentes y otros, ya que de ser así la policía de Gibraltar hubiese colaborado».

La respuesta del principal partido de la oposición cumplió con el guión. Para empezar ya han pedido la comparecencia en sede parlamentaria de los ministros Pérez Rubalcaba y Moratinos. El diputado del PP por Cádiz en el Congreso, José Ignacio Landaluce, incluyó además en esa petición que se «llame a consulta» al embajador británico en España. Landaluce afirmó que el Gobierno español debe «protestar contundentemente» ante un incidente que, en su opinión, tiene como objetivo que España «se asuste y ceda aguas españolas a Gibraltar». Y lamentó las disculpas de Alfredo Pérez Rubalcaba. La portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría añadió más leña al fuego y exigió al Ejecutivo que sea «tan rápido a la hora de pedir explicaciones como lo es al pedir disculpas» y criticó que esto se hubiera producido antes de que «la opinión pública sepa de verdad lo que sucedió».

Y en medio de este conflicto se han quedado solos los cuatro guardias civiles, pertenecientes al Servicio Marítimo de Algeciras. En la jornada de ayer no obtuvieron respaldo público de las autoridades españolas o del propio PSOE, cuyo diputado por la provincia, Salvador de la Encina, definió de «exceso de celo» su actuación policial. Aunque también a renglón seguido expresó una especie de deseo: «Quizás también deberían tener ese celo las autoridades gibraltareñas».

Sólo la asociación profesional a la que pertenecen, la AUGC, salió en su defensa. A través de un comunicado este colectivo pedía el «archivo de cualquier actuación legal sean en España o Gibraltar, pues los agentes han cumplido con su deber que tienen encomendado deteniendo a unos presuntos delincuentes».

Y desde los colectivos antidroga, a través de la coordinadora Alternativas, incidían en que este incidente «sólo beneficia a los narcotraficantes, que saben que si entran en Gibraltar no pueden perseguirlos», decía su presidente, Francisco Mena.