«Ese chaval no puede tener control policial permanente; eso es una barbaridad»

Su verbo fácil y su forma de impartir justicia, apostando siempre por la reeducación de los infractores a través de sentencias que huyen del mero castigo, le han hecho ser un referente nacional cuando se habla de delincuencia juvenil. Los últimos acontecimientos a raíz del traslado del menor implicado en la desaparición de Marta del Castillo a un centro de Puerto Real, con amago incluido de movilización vecinal contra su nuevo destino, son una muestra más de la alarma social que destila este asunto. El juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, tiene claro los responsables de esta situación. Y de ella no se escapa nadie: desde la Policía hasta los medios de comunicación. Aparte de aportar una buena dosis de cordura, puntualiza algún que otro detalle sobre la situación judicial de El Cuco.

-¿Cómo atenuar la alarma desatada a estas alturas del procedimiento?

-Para empezar, aclarando que se está aplicando la ley. En el caso de este chaval, ha agotado el tiempo máximo de internamiento y ahora pasa a un régimen de libertad vigilada hasta que se celebre el juicio. Lo mismo ocurre con los adultos. Estos plazos se impusieron años atrás para evitar abusos con la prisión preventiva. Pero lo que no tiene sentido es que a este chico se le persiga, se le arrebate su derecho a la intimidad y se le haya identificado desde el primer momento, pese a tratarse de un menor.

-Quizás si hay alguna anomalía es que hayan transcurrido nueve meses desde su puesta a disposición de la Fiscalía y no se haya celebrado juicio.

- Exacto, pero transcurrido ese plazo, la ley es clara: no puede estar recluido sin sentencia firme.

-Pero esos argumentos no les valen a esos padres que temen que sus hijos tengan contacto con este adolescente cuando esté fuera del centro. ¿Qué les diría?

-Pues les diría que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que no sea juzgado. No nos podemos dejar arrastrar por esa alarma social, que ellos no han creado y de la que se contagian por esa llamada constante de atención sobre la alarma. Hay que dejar trabajar a la Justicia, aunque sospecho que la sentencia que se dicte en su día no va a contentar a nadie y el trabajo del juez va a ser muy criticado.

-Pero es que la actual Ley del Menor cada vez tiene menos apoyos. En casos tan cruentos como el de Marta del Castillo, ¿es posible la reeducación de un chico como este adolescente?

-Claro que es posible. Hay que buscar el equilibrio entre la sanción y las medidas educadoras. No queramos tender al castigo duro, porque hay muchísimos ejemplos de chicos que salen hacia delante. Además, siempre miramos a la justicia de los menores, pero ¿qué pasa en la de mayores? ¿A cuánto condenaron a De Juana Chaos por varios asesinatos?

-¿Y qué me dice de la posibilidad anunciada por la Junta de extremar la vigilancia policial sobre El Cuco cuando esté en la calle?

-Ese chaval no puede tener vigilancia policial permanente; eso es una barbaridad. Estará dentro de una comunidad terapéutica y controlado por monitores como el resto de infractores que se encuentran en su misma situación.

-Pero está la reivindicación de las víctimas, que piden un endurecimiento de los castigos; o ese discurso, nacido del dolor, ¿no puede tenerse en cuenta a la hora de plantearse una reforma legal?

-Yo entiendo y comprendo a los padres de Marta, pero para tocar las leyes se requiere de otro momento, de una situación de tranquilidad y en frío. Es necesario un gran pacto y, sobre todo, un estudio serio, que aún no se ha hecho, del número de menores que pasan a la justicia de mayores; aquellos que reinciden.

-¿No echa en falta más autocrítica de la sociedad en estos casos, en los que sólo se mira a las leyes?

-Por supuesto, aquí falla la educación, la transmisión de valores, pero para eso es necesario abrir un debate serio. Existe un porcentaje de menores que no sale adelante, que es carne de cañón, pero eso va a seguir siendo así con y sin leyes.

-¿Qué ha fallado en este caso?

-Ha fallado la Policía con su intervención, los medios de comunicación, que han ayudado a condenar socialmente a este menor antes de que sea juzgado. Tenemos que entender que los implicados, con esos cambios de declaraciones, lo único que han hecho es beneficiarse de las posibilidades que ofrece un Estado de Derecho, nos guste o no.