Usaba información fiscal de los vecinos para falsear operaciones inmobiliarias

Cuando Clemente R.G. salió el miércoles de los juzgados de San Fernando en dirección a Puerto II acarreaba un cargo más, que no le habían imputado hasta la fecha: la falsedad en documento mercantil. Desde ese instante se supo que su negocio inmobiliario estaba salpicado por el escándalo. Este periódico informaba ayer de la posible existencia de beneficios que habría obtenido el funcionario en el seno de su inmobiliaria por operaciones ficticias. Con el auto en la mano, esa información no sólo se confirma sino que la jueza la amplía detallando cómo el imputado se adjudicó supuestamente unos ingresos por unos cauces legales que había falseado, utilizando para ello la información fiscal de los vecinos.

La investigación señala que el funcionario se hacía constar como intermediario en operaciones de compra-venta de inmuebles que supuestamente se cerraban en su negocio, cuando ni siquiera había participado. Pero para darles apariencia de realidad, confeccionaba facturas «aprovechando los conocimientos que tenía de los ingresos efectuados por ciudadanos en la caja municipal; normalmente plusvalías de tasaciones inmobiliarias», explica el citado auto.

A diferencia de Clemente R. G., la otra imputada en el caso, María José L. D. C., no es mencionada en ningún momento por la jueza, salvo para indicar que mantiene su situación de libertad provisional.