Zelaya, aún en la Embajada brasileña, firma una autógrafo en un sombrero a uno de sus seguidores. / AP
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Zelaya y Micheletti logran el acuerdo

La presión norteamericana obliga a los golpistas a aceptar un pacto que deja la restitucion del presidente en manos del Congreso hondureño

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Un acuerdo salomónico, empujado por Estados Unidos y adoptado en la madrugada de ayer, parece haber encarrilado la crisis política que vive Honduras desde hace más de cuatro meses. Los negociadores del derrocado presidente, Manuel Zelaya, y del mandatario de facto, Roberto Micheletti, han aceptado una fórmula que combina sus posiciones y que deja en manos del Congreso, previa opinión de la Corte Suprema de Justicia, la decisión de «retrotraer todo el poder ejecutivo de nuestra nación previo al 28 de junio de 2009».

Todos quedarán contentos si se cumple al pie de la letra el acuerdo de ocho puntos. «Después de todo el vía crucis que hemos seguido, somos optimistas porque seré restituido en la presidencia», afirmó Zelaya desde la Embajada de Brasil, donde se refugió el 21 de septiembre. Poco antes, Micheletti reiteró su opinión de que «es la Corte Suprema quien deberá decidir la posible restitución del señor Zelaya». El gobernante interino agregó que entendía que «nuestro pueblo reclama pasar la página de nuestra historia de estos momentos difíciles que vivimos». El líder depuesto proponía desde un principio que decidiera el Congreso, donde confía en tener mayoría.

Sin duda, el tirón de orejas de los enviados de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, ha sido determinante en la marcha atrás de los golpistas para buscar «un acuerdo final cuanto antes», aunque por ahora no habrá plazos concretos. El Congreso, en receso, convocará sesiones extraordinarias. Micheletti añadió que «representa una concesión significante por parte de nuestro Gobierno. No podemos poner el interés personal sobre el bienestar colectivo de esta gran nación».

Ciertamente es un gran paso hacia la normalización del país centroamericano entre quienes protagonizaron el golpe militar como respuesta a la decisión de Zelaya de convocar, contra viento y marea, una Asamblea Constituyente que incluyera su reelección en la futura Carta Magna.

Fue entonces cuando estalló la crisis, pero se agitó tras el retorno de Zelaya a Tegucigalpa y el intento, sin éxito durante más de un mes, de consensuar una salida. Por una parte, el ejecutivo autoproclamado pretendía que la comunidad internacional reconociera la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre. Por otra, Zelaya exigía su inmediata restitución.

Espejismo

El desencuentro se alargó hasta que el día 7 se acercaron posiciones de ocho puntos. Pero fue sólo un espejismo porque pronto el diálogo quedó agotado. El presidente electo, enrocado en su intento de terminar su mandato en enero, y Micheletti, también en sus trece de no aceptar en ningún momento ese regreso.

El 'impasse' se superó el miércoles con la llegada de tres diplomáticos estadounidenses encabezados por el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon. Fueron ellos quienes desatascaron el conflicto tras reunirse con las partes y con representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA). «Los negociadores de los dos bandos son héroes de la democracia hondureña», manifestó Shannon.

En la madrugada de ayer se acordó crear un gobierno de reconciliación, rechazar la amnistía política, reconocer las elecciones de noviembre, transferir la autoridad sobre las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo electoral y crear una comisión de verificación de los puntos del pacto y otra de la verdad que investigue los sucesos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio. También se solicitará la derogación de todas las sanciones internacionales contra Honduras y el envío de observadores a los próximos comicios. La posible restitución de Zelaya queda en manos del Congreso Nacional, con una previa opinión de la Corte Suprema. «Lo que salga del Congreso lo vamos a abrazar todos», afirmaron ambas partes.