El diálogo sigue abierto pero Zelaya reafirma que no cree en los «golpistas»

Las comisiones de diálogo del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y del gobernante de facto, Roberto Micheletti, continúan analizando por separado las propuestas hechas para la restitución del mandatario derrocado en junio pasado. "El diálogo no se ha suspendido, aunque yo no creo en los golpistas, porque no se quieren ir del poder", ha dicho Zelaya telefónicamente desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permanece desde el 21 de septiembre pasado.

John Biehl, asesor del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Honduras, ha dicho a periodistas que "mientras no se muera el diálogo hay esperanza". "Las comisiones van a trabajar intensamente en tratar de consensuar este punto", la restitución de Zelaya, subraya Biehl. Según Zelaya, "ellos -quienes lo derrocaron- darían todo lo que tienen por quedarse en el poder, porque ellos obedecen a una argolla económica que asfixia a Honduras desde los años 90".

El diálogo entró en un receso el pasado viernes, cuando la comisión de Zelaya rechazó la propuesta de la representación de Micheletti, de que la restitución del gobernante depuesto la defina la Corte Suprema de Justicia. Los representantes de Zelaya exigen que sea el Parlamento el que defina pronto la restitución del mandatario derrocado el 28 de junio pasado. Biehl remarca que cree en el diálogo, porque "no hay otra herramienta". "No tenemos un tanque nosotros, no lo usaríamos tampoco", expresó el enviado de la OEA, quien además señala que las comisiones de diálogo "están luchando muy fuerte por lograr acuerdos". En su opinión, la solución "es muy difícil porque ha sido muy grande la crisis".

Movimientos armados

Zelaya también ha dicho que los "grupos económicos" que "han impuesto" a Micheletti "han privatizado los poderes del Estado", que "están siendo destruidos". "Aquí en Honduras no hay separación de poderes, tienen el mismo director en este momento, que es Micheletti", subraya Zelaya. Cuando se le pregunta si se ve de nuevo en el poder sin el apoyo del Parlamento, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la empresa privada y otros sectores, Zelaya respondió: "Es que eso siempre ocurrió, nunca tuve el apoyo, no me extrañaría gobernar sin respaldo de nadie, pero eso no es lo importante". "Regresar al poder puede ser algo simbólico, pero lo que no se debe permitir es que haya golpes de Estado en ningún país", acota.

Según Zelaya, Micheletti está "haciendo ver mal a la OEA, las Naciones Unidas y la Unión Europea, al negarse a entregar el poder al presidente legítimo que los hondureños escogieron en 2005". "Hasta el Gobierno de Barack Obama (de EEUU) se ve débil ante un aprendiz de dictador del tercer mundo como es Micheletti", ha dicho Zelaya, de 57 años. El depuesto mandatario ha reiterado que el movimiento de resistencia popular surgido tras su derrocamiento para exigir que se le restituya en el poder "no está buscando armas", como denunció ayer en Bolivia el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Por su parte, el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, advierte sobre el eventual surgimiento de movimientos armados en las montañas hondureñas para forzar la restitución de Zelaya en el poder. El Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado, nombre del movimiento que exige el regreso de Zelaya al poder, también ha negado que estén buscando armas para tumbar por la fuerza al régimen de Micheletti.

"Dejamos claro que nuestra lucha sigue siendo pacífica, una masa popular que se pronuncia en las calles sin armas", ha dicho el coordinador general del Frente de Resistencia, Juan Barahona, quien también ha informado de la muerte de un sindicalista a causa de un disparo en la cara, en septiembre pasado. Se trata del presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Formación Profesional (Infop), Jairo Sánchez, quien según Barahona resultó herido cuando participaba en una marcha pacífica en la colonia San Francisco, de Tegucigalpa, que fue disuelta a la fuerza por policías y militares. El movimiento de resistencia popular atribuye la muerte de Sánchez a la Policía.