El personal sanitario alerta de un aumento imparable de las agresiones

«¡Como te vea en la calle te mato!». Con respuestas de este tipo despiden familiares y pacientes a los trabajadores sanitarios tras una situación conflictiva. Las amenazas y los insultos se han convertido en la tónica diaria de hospitales y ambulatorios. Al menos una vez al día se producen casos de violencia que influyen en el trabajo y la salud de los trabajadores, que se ven totalmente desprotegidos.

El único arma con el que cuentan es la denuncia, pero apenas un tercio de las víctimas llegan a juicio. Los motivos hay que buscarlos en el miedo a las represarias del agresor, la levedad de las penas que se les impone y lo tedioso del proceso legal. La situación se convierte en una conversación de pasillo de la que todos saben, pero a la que nadie se atreve a ponerle cara.

Así, el número de casos llevados ante el tribunal en lo que va de año asciende a 47, gestionados por las asesorías jurídicas del SAS y los colegios profesionales. Pero la cifra real puede rondar los 250, según calculan los órganos colegiados. La solución que proponen son un aumento de vigilancia en los centros sanitarios y un refuerzo de las plantillas.

Carmen Miranda, letrada de la institución médica, trabaja a diario con las víctimas. Lleva cinco años dedicándose en exclusiva a esta labor y asegura que la conflictividad no deja de aumentar. «Este año hemos tramitado 21 denuncias, la mitad que el pasado, pero no creo que eso obedezca a una disminución sino a que los facultativos evitan comunicarlo», asegura.

La mayoría de las demandas que están a su cargo se producen en centros de salud. El médico se encuentra en primera línea de fuego, más desprotegido que en la atención especializada. «Negarse a firmar una baja o no recetar el medicamento que le exige un paciente son motivos suficientes para que se produzca una situación tensa», explica la abogada. La mayoría acaba en insultos, pero no son pocas las ocasiones en las que se llega a las manos. Los ataques físicos tienen más éxito ante los tribunales, el resto se diluye. Miranda recalca que es la propia víctima la que llega a quitarle importancia y evita ponerlo en conocimiento del SAS. Pero no hablar de ello no hace que se olvide lo sucedido. Según la abogada, el 60% de las víctimas de agresiones sufre problemas psicológicos.

Enfermería

El dato es similar al que maneja el Colegio de Enfermería, que han llevado a juicio 11 denuncias hasta octubre, nueve de ellas por violencia física. Rafael Campos, presidente del órgano, recalca que la mayoría de los agresores son los familiares de los pacientes y en el caso de estos profesionales, el principal foco de conflictividad se encuentra en las urgencias hospitalarias. «Desde el Colegio estamos muy preocupados por estas situaciones que son cada vez más frecuentes», recalca.

Campos hace hincapié en la relación directa entre la dotación de las plantillas y el grado de conflictividad. «En comunidades como Navarra, donde la ratio de enfermero por paciente es la mitad que en Andalucía, no hay apenas evidencia de violencia». Ante este dato, insta a la Administración a replantear los sistemas que tiene puestos en marcha. El SAS también ha cambiado su gestión motivado por el aumento de la violencia contra el personal sanitario. El protocolo de actuación es inmediato. Una vez que el profesional hace la comunicación a su director de centro, éste lo transmite al Distrito que pone a disposición de la víctima todos los recursos legales, psicológicos y asistenciales. En lo que va de año se han prestado 15 asistencias letradas y desde enero de 2008 se han condenado a siete agresores, tres de ellos por delito de atentado, no por faltas como se había venido haciendo hasta hace poco.

Una de las mayores quejas de los trabajadores del sistema público es la falta de vigilantes de seguridad en centros de atención primaria. Cada año aumenta la dotación, pero no alcanza a la totalidad de la red asistencial. Actualmente los profesionales tienen a su disposición 141 timbres antipánico, 1.079 interfonos, 83 cámaras de vigilancia y 73 agentes de seguridad repartidos por los 127 ambulatorios de la provincia.

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