El Parlamento da el primer paso para que ningún cargo autonómico cobre más que Griñán

Coincidencia en el fondo. Discrepancia en la forma. Este axioma, todo un clásico en el debate político andaluz, volvió a poner en evidencia ayer la dificultad de entendimiento que atesoran los tres partidos con representación parlamentaria a la hora de consensuar una actuación.

Los responsables de PSOE, PP e IUCA estiman la necesidad de poner en marcha un plan de austeridad en las administraciones públicas -autonómica y local- que permita hacer acopio de más recursos económicos para afrontar la carestía presupuestaria, provocada por la crisis económica.

El Parlamento, no obstante, dio ayer el primer paso para regular el sueldo de altos cargos de la Junta y de las empresas públicas, con capital 100% autonómico. PP e IU apoyaron una Proposición no de Ley del PSOE mediante la que se instaba al Consejo de Gobierno a que establezca una regulación en materia de retribuciones de los presidentes, vicepresidentes, directores generales o direcciones de gerencia de las empresas públicas andaluzas, que manejan al año un presupuesto cercano a los cuatro mil millones de euros. Propuesta socialista que, de paso, daba respuesta a una de las exigencias más retiradas por los populares en este inicio de curso político: que nadie en la Junta perciba más de los 81.000 euros brutos al año que gana el presidente de la Junta.

Sin embargo, el Grupo Parlamentario del PP presentó varias enmiendas a este texto, porque querían que la medida afectase a todas las sociedades públicas, y no sólo a las que están participadas al 100% por el Gobierno andaluz. «Nosotros no tenemos potestad para marcar el sueldo del gerente de, por ejemplo, Aletsis, aunque la Junta participe en más de un 40% en el capital, ya que el resto de los fondos tiene carácter privado», explicó ayer a este periódico un consejero andaluz.

Congelación salarial

El otro punto de esta Proposición no de Ley que concitó la unanimidad fue el de la congelación de los sueldos de altos cargos de la administración -desde el presidente hasta el último delegado provincial- para el año que viene. El desacuerdo se escenificó a la hora de abordar esta misma reducción de emolumentos en los ayuntamientos.

El debate se convirtió en un decálogo de reproches. Socialistas y populares llegaron pertrechados de su particular ranking. Esperanza Oña, portavoz popular, aseguró que hay muchos alcaldes socialistas (citó los ejemplos del de Mijas, en Málaga, Sevilla o Jerez de la Frontera) que perciben más que Griñán. En su turno, el socialista Rafael Velasco, replicaría que el primer edil con mayor sueldo en nuestra región era Pedro Rodríguez, regidor de Huelva y perteneciente al PP. La cuestión es que ni el Parlamento ni la Junta tienen competencias para regular esta materia, de potestad municipal.

La sesión de control al gobierno enfatizó estas posturas sobre austeridad. En el cara a cara entre José Antonio Griñán y Javier Arenas, el presidente de la Junta cuestionó la efectividad económica de reducir el número de altos cargos y negó que, tal y como plantea el PP, la Junta pueda ahorrar 2.500 millones de euros en salarios una legislatura, porque el presupuesto para altos cargos no supera los 26, 7 millones de euros anuales.

Comparativas

Arenas y Griñán también enumeraron los salarios de presidentes y altos cargos de varias comunidades autónomas. «Si quiere me pongo el mismo sueldo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Aguirre, porque le aseguro que es mucho más alto que el mío», le comentó en tono irónico Griñán a Arenas.

El presidente del PP-A recordó que la propuesta de su formación de recortar 2.500 millones de euros menos de gasto corriente se lograría en una legislatura a razón de: 210 millones de euros al pasar de 14 a 10 diez consejerías; 815 millones de euros tras reducir en un 50% los altos cargos y otros 335 tras aplicar un plan de eficiencia del gasto.