La Junta crea una licencia para que las casas ilegales puedan recibir luz y agua

Durante los últimos años, los vecinos de urbanizaciones de viviendas irregulares como los pagos de Chiclana o el núcleo de Zahora -en Barbate- se han lanzado a la calle reiteradamente, pidiendo a los ayuntamientos servicios básicos como el agua corriente, la red de saneamientos y, en ocasiones, incluso las redes de electricidad. Servicios de los que carecían por estar construidas las viviendas en zonas no urbanizables, sin licencias de construcción, ni ocupación.

Una situación irregular que mantiene a un porcentaje altísimo de vecinos -en ocasiones a miles de personas- en situación precaria, mientras la administración decide el futuro de las viviendas: si se regularizan o, en cambio, se demuelen. Y una situación de dudas agravada por la polémica que siempre ha rodeado los procesos judiciales llamados de Obra Nueva, ya que no termina de estar claro el grado de responsabilidad de cada agente implicado en la construcción y venta de estas casas.

La Junta planea para este tipo de viviendas que se encuentran en este limbo burocrático, crear un tipo de licencia provisional, que no regulariza las viviendas ilegales, pero permite a sus dueños recibir los servicios básicos del agua, la luz o la recogida de basura.

La nueva figura estará recogida en el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística que elabora la Consejería de Vivienda de la Junta, y que se encuentra aún en fase de proyecto, aunque según fuentes del Gobierno autonómico se espera que a mitad de este año llegue al Parlamento de Andalucía. Además de la licencia provisional, este nuevo reglamento incluye novedades importantes, como la creación del proceso de demolición exprés, con el que se pretende agilizar el derribo de las casas que son imposibles de regularizar y que permitirá tirar las viviendas en unos dos meses como tiempo máximo.

No obstante, la concesión de las licencias provisionales deberá esperar aún. Primero, evidentemente a la aprobación del reglamento disciplinario en proyecto. Pero también a que concluya la catalogación de viviendas irregulares que la Junta comenzó meses atrás en la provincia a través de la Dirección de Inspección Urbanística y con la colaboración de los ayuntamientos gaditanos. El objetivo es crear en cada municipio un Plan de Inspección en el que se conozca el número exacto de este tipo de casas, así como el grado de regulación de cada caso, ya que hasta ahora sólo existían estimaciones y conjeturas. Estos planes establecerán qué viviendas podrán regularizarse y cuáles deben tirarse de inmediato. Las que no estén en ninguno de los dos grupos, recibirán las licencias provisionales.

Municipios como Chiclana, Chipiona o Medina son algunos de los que más avanzados tienen este tipo de catálogo.