El Supremo imputa al juez Garzón por prevaricación

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto por el que admite a trámite una querella interpuesta el pasado 26 de enero por el sindicato Manos Limpias contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en la que se le acusa indiciariamente de un delito de prevaricación en relación con la causa abierta por este magistrado por la desaparición de personas durante la Guerra Civil y el franquismo.

"Esta sala, sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de esta querella", ya que "lo afirmado en la querella no es algo que, ab initio, pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional", afirma el Alto Tribunal en el auto de admisión.

La decisión, ha sido adoptada por unanimidad de los cinco magistrados que componen la Sala y en contra del criterio de la Fiscalía. Considera el Supremo que, en principio, lo afirmado por el sindicato es su querella "no es algo que pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte que sea ni absurda ni irracional". Por ello, el alto tribunal decreta su competencia para investigar esta causa y designa como instructor de la misma al magistrado Luciano Varela, que es quien tendrá que llamar a declarar a Garzón, previsiblemente como imputado, y realizar las diligencias que considere oportunas para esclarecer la denuncia.

Fallecidos hace decenios

El auto señala que existen indicios de que la investigación sumarial realizada por Garzón sobre las desapariciones del franquismo, hasta que se inhibió de la misma el pasado 18 de noviembre en favor de diversos juzgados territoriales, "se centró en delitos para los que el Juzgado reconoce carecer de competencia material, salvo por razón de su conexión con otro delito del que se proclama competente, pero que no está vigente ni se investiga y en cuyo ámbito declara extinguidas unas responsabilidades penales por razón de fallecimientos sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación".

Se refiere así el auto al hecho de que Garzón dirigiera el procedimiento contra Francisco Franco y otros 44 altos cargos de la dictadura para los que finalmente declaró extinguida la responsabilidad penal, pues todos habían ya fallecido. Añade el auto que "cuando la muerte es anterior a la condena, y la condena por ello no ha existido, lo que se extingue es la acción penal", por lo que un procedimiento contra personas fallecidas "resulta absolutamente imposible incoarlo".

El auto alude a todos los incidentes de la investigación de las fosas del franquismo en la Audiencia Nacional desde que Garzón abrió el procedimiento el 19 de diciembre de 2006 hasta que se inhibió del mismo el pasado 18 de noviembre. Así, se detalla que en febrero de 2008 el Ministerio Fiscal informó al Juzgado Central de Insrucción número 5 que no era competente y no procedía que siguiera admitiendo denuncias sobre fosas cuya existencia se presuponía en diversos territorios españoles, y que el juzgado siguió no obstante dictando providencias sin resolver su competencia "ordenando a numerosos archivos e instituciones el envío de listados de desparecidos en la guerra, y recabando para sí el control de la exhumaciones que pudieran estar practicándose".

Prosigue que el 16 de octubre de 2008 Garzón dictó un auto en el que primero calificó lo hechos de "crímenes contra las leyes y costumbres de la guerra y leyes de la humanidad", luego como "delitos contra la Constitución del Título II del Código Penal de 1932", después como "crímenes contra la humanidad" y que finalmente termina diciendo que la califiación jurídica que se acoge "es la de un delito permanente de detención ilegal sin ofrecerse razón del paradero de la víctima". A juicio inicial del Tribunal Supremo, en dicho auto Garzón no hacía otra cosa que pretender "salvar los escollos que plantean la irretroactividad, la prescripción y la ley de Amnistía entre otros".