«Nadie puede interpretar la Ley a su antojo»

El PP cree que la decisión del Tribunal Supremo de admitir una querella contra el juez Baltasar Garzón en relación con la causa que investigó sobre las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo refuerza la idea de que "nadie puede utilizar a su antojo el Estado de Derecho".

Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Grupo Popular en el Congreso: El auto "refuerza la confianza" de los ciudadanos en el Estado de Derecho y en las instituciones a la hora de "perseguir los delitos cualquiera que sea el que los cometa". Insiste en que la admisión a trámite de esta querella "refuerza dos cosas muy claras": que hay un Estado de Derecho "que nadie puede utilizar a su antojo" y que hay "un principio de responsabilidad de todos, incluidos los jueces, a la hora de hacer esa aplicación". La decisión del Supremo muestra que "no hay ningún ciudadano que esté por encima de la ley".

José Bono, presidente del Congreso: "Lo más prudente que puedo decir es que hay que respetar las decisiones de la Justicia se compartan o no se compartan, se comprendan o no se comprenda". "Yo no todo lo que asumo, lo comparto ni lo comprendo".

Eduardo Madina, secretario general de los socialistas en el Congreso: "Valoramos desde el respeto las decisiones que toman los tribunales". El diputado socialista asegura que le "gustaría ver" a la dirigente del PP haciendo "las mismas declaraciones con otras admisiones a trámite y otros imputados que hay en otros tribunales territoriales o de otra índole", en alusión al presidente valenciano, Francisco Camps, citado como imputado en el 'caso Gürtel'.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica: "Es como si la judicatura se hiciese un haraquiri", ha añadido Silva, quien considera "bastante fuerte" que la decisión se haya tomado por unanimidad de la sala. A su juicio, estas decisiones "parecen a veces más políticas que jurídicas". El Supremo "debería preocuparse un poco más por las víctimas y un poco menos por los autores de las denuncias, quienes no quieren que las víctimas tengan la reparación que merecen".

Javier Ruiz, el secretario federal de Memoria Histórica del PCE: La decisión del Supremo es "bochornosa". Para él, aunque Garzón no fuera competente para llevar a cabo las investigaciones la "justicia debería implicarse" porque la Ley de Memoria Histórica "se queda corta" al indicar que son los familiares los que deben reclamar la identificación.

Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura: "Garzón no tiene más derechos de los que tendría cualquier otro ciudadano, pero tampoco tiene menos, esta decisión no prejuzga ni valora más allá de lo que corresponde analizar de cara a la admisión de un escrito de querella". Ha pedido "no establecer conclusiones precipitadas y un esfuerzo para separar las valoraciones políticas de las jurídicas". La decisión del Tribunal Supremo "está argumentada y contiene la obligada motivación, explica de manera muy pormenorizada cuáles son los motivos en base a los cuales ha decidido admitir la querella". "Ni me sorprende ni me deja de sorprender", ha añadido.

Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria: "Me resulta muy difícil pensar que sus decisiones fuesen prevaricadoras, yo no veo que las decisiones sean manifiestamente injustas, otra cosa es que se discrepe de ellas". "En todo caso, lo que no me parece de recibo es la querella presentada, no entro a valorar la decisión del Supremo, me parece un exceso calificar las decisiones de Garzón de prevaricadoras, se trata de una querella claramente de tintes políticos y otra cosa es que el Supremo se vea obligado a admitirla".

Miguel Angel Jimeno, portavoz de la asociación de Jueces para la Democracia: "Me sorprende porque las decisiones de Garzón ya habían pasado muchos filtros en la Audiencia Nacional y si en ninguno de esos filtros detecto indicios de delito debo presumir que el relato que hace la querella no se ajusta a la realidad que vio la Audiencia Nacional".