La protesta en Alcalá contra el aborto endurece el cruce de críticas entre PP y PSOE

La protesta organizada por los colectivos anti abortistas en el pueblo de Bibiana Aido para el próximo sábado vuelve a ser motivo de disputa entre PP y PSOE. El cruce de acusaciones se intensificó ayer a raíz del anuncio de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, de vender libremente la píldora del día después en las farmacias. El secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, preguntó ayer en Logroño «¿Quién es el PSOE para dar el carné de manifestante?». El responsable político ironizó al decir que «sólo falta que anuncien que va a cerrar Alcalá para que no se manifiesten».

En rueda de prensa, Sanz pidió al consejero de Gobernación, Luis Pizarro, «por respeto a las dos plataformas», que respetara la convocatoria para la manifestación programada para el próximo sábado en Alcalá de los Gazules contra el aborto. A pesar del apoyo a estos colectivos, fue Javier Arenas, presidente regional del partido, el que se desvinculó de la convocatoria.

Tras pedir que «impere el sentido común» en todas las iniciativas que atañen a los menores, incluida la reforma de la ley del aborto, defendió, no obstante, el respeto al derecho de todas las personas a manifestarse, tras lo que ha considerado que son «poco demócratas los que alientan» este tipo de actos cuando se dirigen «contra los demás».

Provocación

Los socialistas, por su parte, siguen considerando el acto una «provocación» e insisten en que el PP está detrás de él. Así lo manifestó el secretario de Comunicación e Imagen del PSOE-A, Miguel Ángel Vázquez, que acusó ayer a Arenas, de «cobardía política», ya que «mientras por un lado está animando a manifestarse, luego, quiere quitarse del cartel». También lamentó el comportamiento que está protagonizando el líder de los populares andaluces que tildó de «provocador» al «querer participar y formar parte de esta especie de aquelarre que se quiere montar en la localidad de Alcalá de los Gazules».

Los terceros en discordia son los colectivos convocantes, de los que ejerció como portavoz Esther Peláez, de la plataforma Derecho a Vivir, quien recordó a la Junta que «en España la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos desde hace más de 30 años, aunque Pizarro, su Gobierno y el PSOE prefieran que no fuese así».