El Gobierno quiere a las autonomías menos dependientes del Estado

El nuevo sistema de financiación autonómica obligará a las comunidades a ser, valga la redundancia, aún más autónomas. El ministro de Economía, Pedro Solbes, puso ayer sobre la mesa una propuesta que dejará en un 10% la aportación del Estado a los recursos de que disponen las administraciones regionales. El 90% restante deberán obtenerlo a través de los impuestos que les han sido parcial o totalmente cedidos. En contrapartida, aumentará la participación de las comunidades en el IVA, el IRPF y los impuestos especiales, así como su capacidad normativa.

La principal novedad del modelo reside en la creación de unos fondos de convergencia destinados a impedir que las comunidades más pobres queden descolgadas, pero también a evitar que las ricas, como Cataluña, acaben con una financiación 'per cápita' inferior a la media o a su capacidad fiscal. El documento que remitió el Ministerio de Economía a los gobiernos autonómicos fija un esquema básico que aún debe ser concretado y que, según el propio Solbes, sigue sujeto a «alguna adenda».

Todavía tienen que pasar por La Moncloa ocho presidentes que no pudieron participar de la ronda abierta por José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 20 de diciembre. Pero los pilares del nuevo sistema ya están asentados e implican que habrá más dinero para todos. ¿Cuánto? Aún no se sabe. El Gobierno sigue sin hablar de cifras, aunque admite que el resultado final será un incremento del déficit para las arcas públicas.

Hasta ahora, Economía defendía que la inyección económica que recibirán las autonomías no alteraría el status quo porque éstas emplearían los recursos adicionales en la reducción de su propio déficit y, por lo tanto, el resultante sería cero. Solbes convino ayer que ese principio es válido en un sistema teórico ideal, pero no en el mundo real. «Algo se perderá en el camino», reconoció. Si será mucho o poco no está todavía claro, aunque se mantienen las previsiones de acabar 2009 con un déficit cercano al 3%. No fue el único dato que el vicepresidente económico dejó en el aire. Tampoco se arriesgó a confirmar cómo quedará el reparto de la tarta entre el Estado y las comunidades autónomas más allá de una obviedad: «Se va a disponer de algo más de recursos para las comunidades autónomas y de algo menos para el Estado».

Al abrir estas negociaciones, Rodríguez Zapatero prometió que el Estado se reservaría el 50% del gasto público, pero Solbes ni siquiera se atrevió a confirmarlo. «Lo sabremos cuando tengamos la cifra final» de lo que cuesta el nuevo sistema. Fuentes de su Ministerio admiten que es probable que se esté «rozando el alero» del porcentaje prometido por el presidente.

Es difícil que sea de otro modo porque, aunque el nuevo sistema parte de la financiación actual, pretende suplir las necesidades de gasto con recursos adicionales a través de los ingresos tributarios autonómicos y de tres fondos.

Fondo conflictivo

El fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales sustituye al actual fondo de nivelación y estará destinado a garantizar que todos los ciudadanos reciben la misma financiación por los servicios básicos como educación, sanidad y servicios sociales, residan donde residan.

El fondo de suficiencia debe garantizar que todas las comunidades autónomas pueden desarrollar íntegramente las competencias que tiene plenamente transferidas. Y los fondos de convergencia persiguen acabar con los desequilibrios territoriales. La clave del modelo está en el primero de los fondos, que será fuente de conflictos de aquí a que se cierre un acuerdo. El Gobierno tendrá que definir con las comunidades autónomas qué porcentaje de los recursos se nivelan. Cataluña exige que como máximo sea el 75%. Economía querría que llegara incluso al 85%. Este fondo se nutre principalmente de las aportaciones de todas las comunidades autónomas. Para su distribución se tendrá en cuenta la población (actualizada, porque el sistema vigente aún emplea las cifras de 1999) y también criterios de ajuste como el tamaño del territorio, la dispersión, la insularidad, el envejecimiento, la población sanitaria protegida o la población menor de 18 años. Pero lo que aún no concreta la propuesta del Gobierno es qué peso tendrán cada uno de estos factores de corrección. En principio, el Ejecutivo descarta ponderar también la población inmigrante, una de las peticiones catalanas.

A diferencia de este fondo, que establece la solidaridad interterritorial, los restantes corresponden al Estado, aunque no sólo. Ahora habrá que definir cuál es la aportación de las comunidades al fondo de suficiencia y, sobre todo, qué cantidades se destinan a los fondos de convergencia.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que para compensar a Cataluña de un mayor porcentaje de nivelación de recursos se podría ampliar el tamaño de ese tercer fondo de nueva creación que, según describió el propio Solbes, «premia a los que han sido peor financiados o realizan un esfuerzo fiscal mayor». Las negociaciones aún serán largas. El Ejecutivo presentó ayer su propuesta obligado por su compromiso a que el nuevo sistema entre en vigor en 2009.

Pero las comunidades autónomas aún tienen que pronunciarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para finales de enero. Y, haciendo un cálculo optimista, el Gobierno pronostica que todas las reformas legales pertinentes estarán listas en el mes de julio.