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La acumulación de pacientes aumenta los casos de estrés laboral entre los médicos

El 45% de los facultativos de Atención Primaria padece un alto nivel de desgaste psicológico El SAS tiene problemas para encontrar sustitutos que cubran las bajas y las vacaciones

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Las protestas de las últimas semanas en centros de salud genera preocupación entre los trabajadores sanitarios. Aquel síndrome del profesional quemado, el burn out, que se ha asociado a los profesores se ha extendido también a los facultativos hasta índices alarmantes. Se calcula que un 66% de los médicos de Atención Primaria sufre un grado moderado de desgaste y el 45% lo presenta alto, según un estudio de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc).

Con los datos en la mano, los profesionales insisten en que esta preocupación tiene que ser compartida por la Administración, que ya se reunió el mes pasado con sindicatos de la rama sanitaria para abordar la situación de acumulaciones de cupos y falta de facultativos en la provincia. Pero poco se ha avanzado desde entonces, con lo que los propios trabajadores han decidido salir a la calle y protestar por la situación.

El presidente de la Samfyc, Manuel Lubián, lo tiene claro. La presión que sufren los facultativos tiene que ver con la falta de cobertura de las bajas y con una «percepción errónea de los propios pacientes». Según comenta, los usuarios llegan a los centros de salud con una expectativas muy altas, que incluso da lugar a enfados y desencuentros por recetar un medicamento que no consideran el adecuado o tener que esperar una cola por los retrasos en las consultas.

El doctor Lubián, médico de familia de un ambulatorio de San Fernando, sostiene que en el aumento del estrés laboral también influye la «elevada burocratización de las consultas, a lo que nos terminamos destinando casi en exclusiva».

La falta de profesionales es el principal escollo. Hay quien habla de una mala distribución, pero en el caso de la provincia la carencia de médicos es clara. El propio delegado provincial de Salud, Hipólito García, reconoció la dificultad para encontrar facultativos de atención primaria, lo que, sin duda, planteará problemas de cara a las vacaciones de Navidad, que hasta el momento siguen sin definirse.

Los obstáculos de la Junta para cubrir las bajas no tienen que ver con que no haya titulados en la calle, sino con la oferta de contratos que realiza. Pedro Calderón de la Barca, presidente de Sindicato Médico de Cádiz recalca que «el SAS emplea a profesionales con un enorme grado de eventualidad y no ofrece seguridad laboral». Con estas condiciones «muchos médicos se niegan a trabajar en el sector público». Eso mismo llega a la acumulación de cupos y a las sobrecargas de trabajo.

El responsable provincial del Sindicato Médico explica que esta medida se firmó para casos excepcionales, en los que un mismo facultativo podría atender la cartera de pacientes de su compañero cuando éste no se encuentre y sería compensado económicamente. «Lo que se acordó entonces es que sólo se acumularían cupos en casos de vacaciones, pero no de forma sistemática». Para ello se tendría que agotar primero la bolsa de trabajo y cuando ya no hubiera profesionales inscritos se recurriría a la acumulación. De la misma forma, consideró adecuado no seguir realizando jubilaciones forzosas a los 65 años y sugirió la posibilidad de que fueran voluntarias, «lo que mejoraría el problema de la falta de médicos».

El exceso de trabajo y los episodios conflictivos con los pacientes también influyen en el desgaste profesional de los facultativos. El Colegio de Médicos ha mostrado su preocupación en los últimos días por este asunto. Su presidente, Ricardo Miranda, considera necesario un aumento de la vigilancia en los centros de salud.

En los últimos años el Colegio ha destinado en exclusiva a un abogado para los asuntos relacionados con agresiones, tanto físicas como verbales. En lo que va de año se han producido 37 episodios que tramita actualmente el gabinete jurídico, según los datos que facilitó la letrada Carmen Miranda Palomino. En su opinión, habría que mejorar la educación sanitaria de los pacientes «y en eso influye que la lista de derechos supere con diferencia a la de los deberes de los usuarios que se encuentra visible en todos los ambulatorios». Miranda insiste en que muchos facultativos son insultados e increpados a diario y no llegan a denunciarlo «por temor y por lo desagradable que resulta ir a juicio».

Este tipo de desencuentros termina haciendo mella en los profesionales y de hecho, el Plan de Prevención de las Agresiones del Servicio Andaluz de Salud incorpora una atención asistencial y psicológica, así como jurídica para estar presente en todo el proceso.

emartos@lavozdigital.es