La Justicia argentina respalda la intervención estatal de Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans

La Justicia argentina ha decidido intervenir la empresa Aerolíneas Argentinas, controlada por el grupo español Marsans, a petición del gobierno de Cristina Fernández. La medida pretende garantizar la continuidad del funcionamiento de la compañía mientras avanza el proyecto oficial para su expropiación.

Asímismo, el juez ha designado a un observador judicial y ha confirmado que el director elegido por el Estado argentino tras el acta acuerdo firmada con el grupo español de turismo Marsans el 17 de julio, Julio Alak, continuará como gerente general de la compañía aérea.

El secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, ya se ha presentado en la sede corporativa de la línea aérea para notificar de la medida judicial a la empresa y ha explicado que la intervención judicial fue adoptada a petición de la Secretaría de Transportes.

Por el correcto funcionamiento de la empresa

El ministro argentino ha explicado que la medida servirá para garantizar "el normal funcionamiento" y la capitalización de la aerolínea y después de la reunión del directorio de Marsans celebrada el pasado martes en la que el grupo español ha decidido nombrar gerente adjunto a uno de sus directivos, Jorge Molina, con las mismas capacidades que el gerente general, Julio Alak.

Jaime ha señalado que, tras la intervención, Alak se mantiene como gerente general y se ha designado al funcionario de la Secretaría de Transportes José Luis Perrone como veedor para observar por el correcto funcionamiento de la empresa.

Fuentes de la Secretaría de Transportes apuntan que en los próximos días, el Gobierno dará pasos para impulsar la capitalización de la compañía por considerar que con las cantidades aportadas hasta ahora -unos 222 millones de dólares- puede distribuir las acciones y hacerse con el control de la aerolínea sin llegar a una expropiación.

La decisión judicial se conoce horas después de que el grupo español enviara una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, en la que advertía de que si no se llegaba a un acuerdo "amistoso" en el plazo de una semana por la controversia en torno a Aerolíneas, demandaría al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.

Marsans tomó la decisión luego de que una comisión parlamentaria recomendara el martes pasado a las cámaras del Legislativo debatir una ley para expropiar Aerolíneas y su subsidiaria Austral en vistas al fracaso de las negociaciones para que el traspaso de esas firmas al Estado argentino se hiciera mediante una compraventa.