Garzón investigará los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo para lo que exhumará la fosa de Lorca

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Baltasar Garzón se ha declarado competente para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja, según el magistrado, en el contexto de Crímenes contra la Humanidad. Garzón permite la exhumación de 19 fosas comunes, aunque traspasa el caso a la justicia ordinaria.

La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá esta decisión porque considera que la AN no es el órgano competente para ello. Según fuentes de la Fiscalía, los argumentos en que se basará el recurso serán que los delitos han prescrito con motivo de la Ley de Amnistía (1977), que los hechos son, en todo caso, competencia de los juzgados territoriales y que el concepto de crímenes contra la Humanidad, en que Garzón enmarca la competencia de la AN, comenzó a aplicarse desde los juicios de Nuremberg en 1945, ya en pleno régimen franquista.

Identificación de dirigentes de Falange

En el auto de 68 páginas, hecho público hoy, el juez declara la extinción de esta responsabilidad por fallecimiento de 35 altos mandos del régimen franquista, comenzando por el propio Franco e incluyendo a generales como Mola, Yagüe o Queipo de Llano. Para confirmar su muerte, en vista de imputarles el citado delito, Garzón pide los certificados de defunción correspondientes.

El magistrado reclama también al Ministerio del Interior los datos que identifiquen al máximo número posible de dirigentes de Falange Española entre el 17 de julio del 1936 hasta el 31 diciembre de 1951 para que una vez identificados acuerde "lo necesario sobre la imputación y extinción en caso de fallecimiento de su responsabilidad penal".

Garzón argumenta que el delito de desapariciones permanece en el tiempo y sigue existiendo a día de hoy si no se ha dado razón del paradero. Es competencia de la Audiencia Nacional dado que el juez considera que todo comenzó con el alzamiento nacional -que encajaría en el delito contra altos organismos de la nación- delito que no ha prescrito porque está conexo con el de las desapariciones forzosas, que arrastra al otro.

Exhumación de la fosa de García Lorca

El instructor autoriza, además, en su auto, la exhumación de los restos de 19 fosas comunes de toda España, incluida aquella donde se encuentra enterrado el poeta granadino Federico García Lorca.

Crea un grupo de siete expertos -cinco de ellos que propondrán las partes y dos el Juzgado y otro de Policía Judicial- con el fin de desarrollar las labores de búsqueda y localización de los cuerpos de los desaparecidos. Estos tendrán que analizar el número y lugar e identificación de las víctimas y presentar un informe con el número total de fallecidos.

Las denuncias fueron presentadas desde julio de 2007 por 22 asociaciones de memoria histórica y diez particulares que solicitan una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y por los que, a su juicio, debería responder el Estado dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho Internacional.

Conflicto con la Fiscalía

Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil. Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada. Los jueces han mostrado diferentes puntos de vista.

Antes de que Garzón admitiera hoy a trámite las denuncias de 22 asociaciones de desaparecidos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya pidió en enero que no las admitiera por entender que no hay razón jurídica para iniciar un procedimiento y porque la AN carece de competencia para investigar estos hechos, ya que la doctrina establecida por el Tribunal Supremo permite aplicar al caso la Ley de Amnistía.