Garzón recibe 130.000 nombres de desaparecidos

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recibido hoy un listado con los nombres de 130.137 desaparecidos en la Guerra Civil y en la dictadura franquista aportados por siete asociaciones de familiares que han presentado denuncias en su Juzgado por estos hechos.

Representantes de estas asociaciones se reunieron con el magistrado para trasladarle los listados que han ido recabando de registros de defunción y de las propias familias de los desaparecidos y se lo entregaron en distintos formatos, tomos en papel y bases de datos informáticos.

El presidente de la asociación granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero, que destacado: "Muchos de nuestros abuelos murieron deseando un día como el de hoy. Les estamos haciendo justicia histórica".

Hoy vencía el plazo de quince días dado a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que facilitaran los nombres. La intención de Garzón es poder determinar, "con la mayor rapidez posible", si es competente para investigar estos hechos.

Los denunciantes han presentado además otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas. Han aportado datos ofrecidos por asociaciones que no han presentado denuncias en el Juzgado Central de Instrucción número 5 pero que se han mostrado dispuestas a colaborar en la elaboración de las listas de desaparecidos. En total las asociaciones personadas en la causa, que aún no ha sido admitida a trámite, son 22.

Solicitud a otras instituciones

Garzón había solicitado sólo un día antes, el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

La solicitud del magistrado respondía así a las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.

El juez solicitaba a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial que proporcionara información sobre "el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento". Además, pedía a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado "alzamiento nacional" de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

Pedía también al centro Nacional de la Memoria Histórica -dependiente del Ministerio de Cultura- que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Solicitaba además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica

En su providencia, el magistrado requería a la Conferencia Episcopal que comunicara "a todas y cada una" de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del "alzamiento nacional" a través de los libros de difuntos de los que dispongan.