Agricultura
El campo gaditano clama por nuevas medidas para el sector
Desde Asaja critican que el acuerdo alcanzando tras las movilizaciones del pasado mes de febrero son «insuficientes», y exigen nuevas leyes que ayuden a los agricultores y ganaderos
El pasado 6 de febrero, decenas de miles de agricultores y ganaderos salían a la calle a manifestarse por la crisis del sector. En el caso de Cádiz, centenares partían desde localidades como Chiclana, Conil o Vejer en dirección a la capital gaditano. Entraron en la ciudad gaditana sobre las 12.30 horas de la tarde, allí eran esperados por agentes de la Policía Nacional. Se marcharon sobre las 18.30 horas. Durante los siguientes días, los trabajadores del sector primario volvieron a movilizarse cortando carreteras como la N-IV o la AP-4.
El sector primario se encontró con en muchos casos con la negativa para avanzar por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya que estas movilizaciones no estaban autorizadas por la subdelegación del Gobierno, quien no tenía constancia de ellas hasta la mañana de ese mismo 6 de febrero. Las principales asociaciones de agricultores a nivel provincial, como Asaja Cádiz, no formaron parte de estas movilizaciones y convocaron una huelga oficial para el 23 de febrero.
Agricultores y ganaderos de todos los rincones de España se manifestaban para denunciar la situación actual del gremio y las leyes impuestas por el Gobierno y la Unión Europea. Entre sus reivindicaciones destacan la reducción de la Nueva Política Agraria Común, una rebaja de la carga burocrática y exigen una más implicación del funcionariado, mayores ayudas para el gasóleo agrícola por los altos precios del combustible, la derogación de la Agenda 2030, derogación de las leyes ambientales y protección de especies que atentan contra la agricultura, ganadería y zonas rurales, la imposición de aranceles a la entrada de productos procedentes del extranjero, exigencia de cumplimiento de control fitosanitario de la normativa Europea para todos los productos que entran de países extracomunitarios ya que consideran que los productores extranjeros parten con ventaja al poder usar productos que ellos tienen prohibido o en cantidades más bajas, la derogación de la ley de bienestar animal y la derogación de las leyes ambientales y protección de especies, que atentan contra la agricultura, ganadería y zonas rurales, entre otras cuestiones.
Las reivindicaciones del sector
Los agricultores y ganaderos «estuvimos protestando más de un mes, todos los días, en las distintas provincias de España y en paralelo estábamos en mesas de negociación las tres principales organizaciones y cooperativas». En estas conversaciones con el Gobierno estuvieron Asaja, la UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) y Unión de Uniones. Finalmente «se firmó una propuesta del ministerio de Agricultura», señala José Pravia, presidente de Asaja Cádiz, quien critica que «estas propuestas eran insuficientes y algunas de las medidas que se firmaron, como las referentes al Plan de Rotación de cultivos no se ha cumplido tal y como se firmó, porque el ministro ha vuelto a no decir la verdad, comprometiéndose a cosas que no se cumplen«.
«Unión de Uniones no tenía representatividad pero su única propuesta era entrar en la mesa de negociación más que reivindicar medidas que beneficien a los agricultores», mientras que «la UPA tiene una importante vinculación con el PSOE y firmó una propuesta que para Asaja son insuficientes».
Las reivindicaciones «llevan mucho tiempo encima de la mesa, desde antes de la pandemia, pero por la pandemia y la guerra de Ucrania se han ido retrasando, pero el ministro (Luis Planas) es consciente de lo que pedimos desde hace muchos años, aunque ahora se hace el sorprendido«.
El acuerdo que se firmó contemplaba «más de treinta medidas», aunque «muchas son declaraciones de intenciones y otras son medidas, que más bien son rectificaciones de regularizaciones excesivas del sector que nunca se debieron tomar, rectificaciones de medidas que se tomaron totalmente sin sentido para la nueva PAC (Política Agraria Común)». A pesar de que «son medidas que efectivamente no son malas para el campo», la realidad es que «son insuficientes, y nosotros creemos que firmar un papel en el que se dicen obviedades y se rectifican medidas que se tomaron hace poco y por las que estuvimos protestando desde el minuto cero, pero esto realmente es retroceder al punto de salida y no se ha avanzado en posiciones efectivas para el campo«.
Los trabajadores del sector primario exigen que se tomen medidas. «Necesitamos medidas hidráulicas, una vertebración de la gestión del agua a nivel nacional, exigimos una flexibilización en la manera de voltear la tierra cuando queramos, ya que el volteo de la tierra en el sur es importantísimo para sanearla y para hacer más eficientes ciertos cultivos, labrar independiente de la pendiente del terreno, usar los mismos fitosanitarios que usan países extracomunitarios para sus producciones«, una cuestión que es »algo muy importante« porque »son como medicinas para las plantas, no puedes competir con un país que use más medicinas que tú«.
Sobre las medidas de bienestar animal «hay algunas que no tienen ningún tipo de sentido» como «tener que parar cada cierto tiempo y soltar a los animales en un cercado, no transportar los animales bajo ciertas climatológicas o dejarles espacios en las jaulas, una cosa que no tiene ningún sentido porque los animales de rebaño al estar más pegado no se mueven en el camión, reduciendo el riesgo de que este vuelque y están más tranquilos«.
«Son medidas que se han hecho desde el desconocimiento sobre cómo funciona el sector, y vemos que son medidas que se han tomado sin el beneplácito de las asociaciones que trabajamos en el campo, ni el sector ganadero y agrícola«, critica el presidente de Asaja Cádiz.
Las medidas que exigen los agricultores y ganadores se reducen en tres puntos: «Flexibilización, tener las mismas condiciones en España que en países extracomunitarios y menos burocracia«, ya que »es una barbaridad la cantidad de papeles que tenemos, tienes que indicar en qué parcela dentro de una misma finca, qué día y en qué lugar ha estado la vaca, es como un desconocimiento absoluto, se creen que es un videojuego en el que tú tienes la capacidad de gestionar desde un monitor de un ordenador, esto dificulta la viabilidad de las explotaciones, y en muchas ocasiones aplicarla. Encarecen las medidas que tenían que tenías antes que cumplir y no te incrementan ese exceso de burocracia y de rigidez a la hora de explotar las fincas«.
Las cifras del sector agrario en la provincia de Cádiz
Según los últimos datos de la Junta de Andalucía relativos a la provincia de Cádiz, en el primer trimestre de 2024, en la provincia se han registrado un total de 8.172 contratos en el sector agrícola. Esta cifra supone un aumento de 818 contratos respecto al mismo trimestre del año anterior, es decir un 11,12%. Del total de contratos realizados, el 3,21% se formalizaron con personas extranjeras. El 80,67% de las contrataciones en el sector fueron temporales. Se contabilizaron, no obstante 1.580 contratos indefinidos.
Sobre los demandantes de empleo en este sector, el número medio de demandantes de empleo en el sector en el primer trimestre de 2024 asciende a 12.560 personas. Con respecto al mismo trimestre del año anterior, se ha producido un descenso del -3,07%. De estos demandantes, 4.026 se encontraban en situación de paro. Por otro lado, el número medio de los Trabajadores Especiales Agrarios Subsidiados en el trimestre es de 4.682, lo que supone una representatividad de este colectivo en la demanda de empleo del 2,30%.
En términos medios, había en este trimestre 22.756 afiliados en alta en el Régimen General Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. Los afiliados al RGSEA suponen el 5,64% del total de las afiliaciones en la provincia.
Por municipios, en Sanlúcar se registraron 2.063 contratos durante el primer trimestre de 2024, otros 1.464 en jerez, en Arcos hasta 565, en Chipiona 406, en Alcalá del Valle hasta 376, en Villamartín otros 311, en Algodonales 289, en Olvera 289, en El Puerto 262, en Rota 252 y en el resto de municipios de la provincia de Cádiz hasta 1.895 contratos más.
Sobre los demandantes de empleo, 2.441 residen en Sanlúcar, otros 1.704 en Jerez, 895 en Puerto Serrano, 865 en Arcos, 570 en Chipiona, 493 en Bornos, 488 en Olvera, 473 en Villamartín, 428 en Alcalá del Valle, 373 en Algodonales y 3.831 proceden del resto de municipios
