El Senado dilatará la renovación del Constitucional hasta el fallo del 'Estatut' Habrá pacto

El Senado dilatará al máximo el proceso de renovación del Tribunal Constitucional. La estrategia de concertación puesta en marcha por el PP nacional para que sus grupos autonómicos elevaran a la Cámara alta las candidaturas de Francisco José Hernando y Enrique López, nombres inasumibles para el PSOE, ha llevado a los socialistas a agarrarse al que consideran el mal menor. El pacto alcanzado por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en materia de Justicia debería haber permitido la sustitución de cuatro magistrados que llevan ya diez meses en situación de interinidad para noviembre. Pero ahora los socialistas no tienen prisa.

La reforma del Reglamento del Senado aprobada en la legislatura anterior, con el voto en contra del PP, para dar participación a los Parlamentos autonómicos en el proceso de designación tiene algunas lagunas a las que ahora puede agarrarse su presidente, Javier Rojo, para imprimir a los trámites el ritmo que se considere más conveniente. Porque no habla de plazos. Según fuentes parlamentarias, su intención es convocar la comisión de nombramientos que examina y decide sobre la idoneidad de los candidatos sólo cuando considere que hay posibilidad de acuerdo.

En el PSOE y también en el Gobierno son ya varias las voces que advierten de que el único modo de salir del callejón sin salida al que abocan las propuestas del PP -indeseables igualmente para el resto de fuerzas de la Cámara- es un nuevo acuerdo entre Rodrígez Zapatero y Rajoy. Fuentes cercanas al Ministerio de la Presidencia aseguran que el jefe del Ejecutivo podría aprovechar el encuentro con el que pretende arrancar al líder de la oposición el cese de hostilidades frente a la crisis para abordar esta cuestión. Pero mientras tanto se ganará tiempo para que sea el actual Constitucional el que decida sobre el Estatuto de Cataluña.

El Gobierno está interesado en que sea así para poder pasar página y, sobre todo, para pactar con tranquilidad un nuevo sistema de financiación que apacigüe a la Generalitat sin tener sobre su cabeza la espada de Damocles de una resolución que haga tambalear el acuerdo. Un nuevo tribunal, con López y Hernando, no sólo tendría que empezar a trabajar de cero con el recurso, sino que se vería obligado a trabajar a un ritmo mucho más lento que el actual porque con toda probabilidad tendría a cuatro magistrados recusados: Pablo Pérez-Tremps, que ya lo fue por el PP; López y Hernando, que, según avisan los socialistas, estarían inhabilitados por las opiniones contrarias al Estatut vertidas desde el Consejo General del Poder Judicial (del que fueron presidente y portavoz) y a Juan Carlos Campo, candidato del PSOE que también fue vocal del anterior órgano de gobierno de los jueces.

El quórum mínimo para llegar a acuerdos en el pleno del Constitucional es de ocho magistrados. Es decir, se cumpliría la cifra por los pelos, con el riesgo añadido de que durante los procesos de deliberación se produjera alguna ausencia más (por motivos de salud, por ejemplo) que obligaran a congelar el estudio del recurso. Ya en clave política, fuentes socialistas admiten que prefieren un recorte al Estatuto del actual tribunal, polémico y a ojos de muchos de sus electores deslegitimado, que de otro que podría aparecer ante la ciudadanía como menos contaminado.

Afear la conducta

La estrategia socialista, aún así, está todavía por definir. La maniobra del PP para colocar a sus dos candidatos cogió tan confiado al partido gubernamental que, según fuentes del Senado, el portavoz del grupo parlamentario, José Antonio Alonso, ni siquiera se había preocupado de conocer con detalle el sistema de elección hasta el pasado viernes. El Gobierno, que acusa a los populares de «deslealtad constitucional» y de haber hurtado a las autonomías su papel, no descarta ir en última instancia a la confrontación directa para forzarles a prescindir, al menos, de Enrique López, a quien achacan un historial profesional deficiente.

Su intención sería, en este caso, someter a los candidatos a una suerte de escarnio público en la comisión de nombramientos, por la que deben pasar todos los aspirantes antes de la votación en Pleno. Esta comisión está formada por el presidente del Senado y los seis portavoces de los grupos parlamentarios. Su voto es ponderado y deciden por mayoría simple. Así que bastaría que el PSOE recabara el apoyo de la Entesa y de CiU para, tras hacer pasar a los candidatos del PP por un duro interrogatorio, declararlos no idóneos. Los socialistas tendrían votos de sobra porque también el PNV siente antipatía por quien se opuso a derogar la ley del PP que penaba con la cárcel la convocatoria de un referéndum ilegal.

Con todo, la eficacia de la estrategia no está clara. Aunque logre tumbar a los candidatos populares en comisión, para el objetivo último de renovar el Constitucional -incluso una vez resuelto el recurso del Estatuto catalán- el PSOE siempre necesitará consensuar el proceso con la formación que lidera Rajoy. Los magistrados que elige el Senado deben contar con el apoyo de tres quintos de la cámara, lo que hace a las dos formaciones imprescindibles. Pese a los halcones de uno y otro pelaje, habrá «algún tipo de pacto: no como los de La Moncloa, pero pactos, al fin». Pese a cuanto se está diciendo en estas horas previas a los grandes encuentros. Es lo que transmiten algunas fuentes tanto del Gobierno como del Partido Popular a la hora de prever el resultado de las próximas reuniones, primero entre Pedro Solbes y Cristóbal Montoro, luego entre Zapatero y Rajoy, para tratar de encontrar soluciones a la crisis económica.

De poco sirve, dicen quienes quieren el acercamiento -que entiendo son los más representativos-, tirarse las hemerotecas a la cabeza, y poco significativas son las actuales declaraciones hostiles de unos contra los otros: en último término, ambas partes deberán encontrar en la próxima cumbre de La Moncloa un resquicio que les permita algún tipo de acuerdo. Todos reconocen que los ciudadanos entenderían mal que, si republicanos y demócratas norteamericanos, en plena campaña electoral, han sido capaces de llegar a un entendimiento, si el tripartito catalán y sus adversarios convergentes han logrado una posición común frente al Gobierno central, este mismo Gobierno y el principal partido de la oposición no consensúen algún tipo de mensaje unitario. Un mensaje que tranquilice a los ciudadanos, angustiados ante las perspectivas económicas que se les trazan. Al fin y al cabo, PSOE y PP han pactado ya sobre cuestiones importantes, pero acaso menos urgentes. ¿Por qué no sobre los Presupuestos para 2009?, piensan quienes quieren un acuerdo.

Las recetas que adelantan socialistas y populares no difieren en casi nada, excepto en los porcentajes, y las enmiendas que el PP (sí, el PP de Montoro, tan crítico que sugiere movilizaciones en la calle) plantea a los Presupuestos del Estado no son insalvables. Ya sabemos que tanto el jefe del Ejecutivo como el líder de la oposición tienen a sus espaldas presiones para mostrarse duros, aunque sean más presiones mediáticas que de sus propios partidos. Mayor será, en todo caso, la presión de la opinión pública, que inequívocamente quiere -ambos partidos manejan sondeos muy claros en este sentido- que la crispación y los enfrentamientos gratuitos de la pasada legislatura queden en el olvido.