DERECHOS. Muchos ancianos esperan años para entrar en la residencia que quieren, cerca de su familia y en su ciudad. / CORCHADO
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La media de tiempo para entrar en un geriátrico privado o concertado va de seis meses a un año

La provincia cuenta con 400 plazas más en residencias públicas desde que se aprobó la Ley de Dependencia, aún así, muchos usuarios engrosan las listas de espera de las no subvencionadas

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Andalucía recibirá 42 millones para financiar servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia para lo que queda de año que se suman a los 270 ya consignados en los últimos presupuestos. Se trata de una partida especial que aprobó el Consejo de Ministros a principio de mes y que tal como va la cosa falta va a hacer. La llaman el cuarto pilar del Estado del Bienestar, pero su aplicación no cumple con las expectativas que generó en un principio. La estimación inicial del Libro Blanco se ha doblado y los servicios que se aplican con mayor lentitud son los relacionados con plazas en residencias y cobro de prestaciones.

En la provincia de Cádiz el nivel de aplicación es pausado. Desde que entró en vigor la norma, en enero de 2007, la Junta ha abierto 406 nuevas plazas residenciales, que se suman a las 1.418 con las que ya se contaba entre públicas y concertada, según los datos aportados por técnicos de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social. El número es muy bajo aún si se tiene en cuenta que la población mayor de 80 años supera los 12.000 y cada vez es menos habitual que los ancianos vivan con sus hijos.

La Administración asegura que «son suficientes y que no hay lista de espera», tal como indicó la delegada del ramo, Manuela Guntiñas, en una de sus últimas comparecencias. Pero lo cierto es que el tiempo medio de espera actualmente para obtener una plaza en un residencia privada o concertada de la provincia de Cádiz es de seis meses a un año, según la situación de varios centros de la provincia consultados por este medio.

Precisamente la Junta mantiene a cero las listas de espera porque tiene un sistema abierto de plazas residenciales, de manera que una vez que se aprueba la solicitud se asigna al usuario una cama en cualquiera de los centros que tenga vacante, aunque no pertenezca a su provincia.

Los beneficiarios de la ley critican este sistema porque muy pocos son los que están dispuestos a abandonar sus municipios para trasladarse a otro lugar y vivir lejos de sus familiares. Éste es uno de los motivos por los que se buscan centros privados, algunos de ellos de elevado coste. Cuando el usuario no dispone de recursos termina por aceptar la plaza para no perder el puesto en la lista y pide el traslado, que se tramita con mayor celeridad una vez dentro.

Dotaciones

Sólo la mitad de los 44 municipios gaditanos dispone de una residencia de titularidad pública, la carencia es mayor en la zona de la sierra donde muchos de los ancianos terminan ingresados en centros de Jerez y Villamartín, en la mejor de las situaciones. Los geriatrícos públicos o concertados se encuentran a más de 30 kilómetros de sus familiares.

Las unidades de estancia diurna cubren otro de los servicios que reconoce la norma y que se encuentran deficitarios en la provincia. A través de estos centros se ofrecer una atención integral a personas en situación de dependencia para mejorar sus habilidades y sobre todo para el propio respiro familiar. Los mayores pasan entre cinco y ocho horas en estas instalaciones, que pueden disponer de servicios de comedores.

Ayudas económicas

A pesar de las subvenciones previstas en la ley para fomentar la apertura de las unidades el número de plazas sigue siendo reducido. Entre públicas y concertadas apenas superan las 500 y están disponibles sólo en 14 minicipios gaditanos.

Respecto al cobro de prestaciones, los retrasos son notables. Desde que se completa el papeleo hasta el cobro pueden pasar de nueve meses a un año. Las ayudas para los grandes dependientes, que son los únicos que han sido valorados hasta el momento, oscila entre 400 y 500 euros; mientras que los severos tendrían pensiones de algo más de 300 a las que hay que sumar los 150 eruos de la cuota de la Seguridad Social.

Según los últimos datos de la Delegación de Igualdad y Binesetar Social a fecha del 20 de junio de 2008, más de 8.000 grandes dependientes cobran ya las prestaciones economicas, la mayoría de ellos son personas mayores.

emartos@lavozdigital.es