Ejecutado un reo mexicano en Texas a pesar de la oposición de la Corte Internacional

Texas desafió anoche al Tribunal Internacional de Justicia y ejecutó mediante inyeción letal a José Medellín, un reo mexicano condenado por el brutal asesinato de dos adolescentes en Houston. Medellín había apelado con el argumento de que no fue informado de su derecho a recibir servicios consulares tras su arresto y la Corte Internacional había exigido la revisión de su caso.

Medellín, de 33 años, fue declarado muerto a las 21.57 horas local (04.57 hora peninsular) en el penal de Hunstville, en presencia de su amiga Sandra Crisp, sus abogados y algunos familiares de sus víctimas, según un comunicado del Departamento de Justicia Criminal de Texas. La ejecución, prevista inicialmente para las 18.00 hora local (23.00 GMT) se vio demorada más de tres horas a la espera de una respuesta del Tribunal Supremo, al que habían recurrido los abogados de Medellín tras agotar el proceso judicial en Texas.

El estado norteamericano, con la tasa más alta de penas de muerte, condenó a Medellín por la violación y muerte de la menor de 16 años Elizabeth Peña en Houston, en 1993. Otra menor también perdió la vida durante el incidente, relacionado con pandillas, pero Medellín sólo fue condenado por el asesinato de Peña. El Tribunal Internacional de Justicia ordenó el mes pasado al Gobierno de EEUU que "tomara todas las medidas necesarias" para evitar las ejecuciones de cinco mexicanos, entre ellas la de Medellín, por la omisión de su derecho a recibir servicios consulares.

El asesino pide perdón a las familias

Antes de morir, Medellín pidió perdón por el brutal crimen por el que había sido condenado: "Siento el dolor que he causado, por favor no odien. Que esto les otorgue la compensación emocional que están buscando", explicó mirando a las familias de las víctimas, antes de dirigirse al policía que le custodiaba con sus últimas palabras: "Estoy listo". El reo pidió que sus padres y su hermana, que le visitaron por última vez, no estuvieran presentes.

El asesinato de las jóvenes fue cometido en 1993 por Medellín y otros cinco miembros de su pandilla Blacks and Whites, que después de abusar de ellas, las ahorcaron con un cinturón. Además de Medellín, otros dos participantes en los asesinatos fueron condenados a muerte, de los que uno ya ha sido ejecutado. Otros dos fueron sentenciados a cadena perpetua y el hermano de Medellín, Venancio, que también participó aunque era menor de edad, recibió una condena de 40 años por colaborar con las autoridades en la resolución del crimen.

El padre de Jennifer, Randy Ertman y dos amigas de la familia, Cristina Almaraz y Charline Hall, acudieron a ver la ejecución junto con los padres de Elisabeth, Adolfo y Melissa Peña, y su tío Carlos Peña. A la salida del penal, Ertman mostró su satisfacción por la muerte de Medellín, que había estado esperando "durante mucho, mucho tiempo", según confesó a la prensa. "Ahora voy a esperar cada día, cada día de mi vida, a que los otros responsables de la muerte de mi hija sean ajusticiados", aseguró.

Violación de la Convención de Viena

Medellín era uno de los 51 mexicanos que están en el corredor de la muerte en Estados Unidos sin haber recibido asistencia consular durante su detención, lo que supone una violación de la Convención de Viena, según denuncia la CIJ. Pero Texas mantuvo su postura de no reconocer la decisión del máximo órgano judicial de la ONU y seguir adelante con el proceso por considerar que Medellín perdió el derecho consular al no plantear el asunto durante su juicio.

Las voces más críticas habían advertido de que la ejecución de Medellín sin acatar esta orden pondría en peligro los derechos de los estadounidenses en otros países. "Si Estados Unidos ignora sus obligaciones legales en este caso, le será difícil defender que otros países respeten los derechos de los ciudadanos estadounidenses", ha explicado David Fathi, director del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch.

En un ultimo intento por salvar la vida de Medellín el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a Estados Unidos detener su ejecución y atender la reclamación de la Corte.

Por su parte, el portavoz adjunto del Departamento de Estado de EEUU, Gonzalo Gallegos, ha manifestado que el Gobierno esperaba que el estado de Texas acatara la orden del CIJ, tal y como solicitaron en junio pasado la secretaria de Estado, Condolezza Rice, y el fiscal general, Michael Mukasey, al gobernador de Texas, Rick Perry.

El propio presidente de EEUU, George W. Bush, ordenó en el 2005 a los cortes estatales del país seguir la decisión del tribunal de La Haya. Sin embargo, el Supremo estadounidense rechazó la orden de Bush por no existir legislación en EEUU para que un estado acate una decisión de un tribunal internacional.