Legalizar una casa en Chiclana supera fácilmente los 50.000 euros de coste

Lo primero que plantea el actual PGOU es una división por zonas, nueve en total, que se denominan Áreas de Gestión Básica. Para comenzar los expedientes de regularización y la dotación de servicios se está a la espera de la aprobación del marco legal necesario, en forma de Ordenanzas de Regularización, y de un documento denominado Plan Director de Infraestructuras, que define las obras y equipamientos que serán necesarios para levantar de la nada esta nueva ciudad.

De momento el actual gobierno municipal cuatripartito ha pospuesto la aprobación plenaria de ambos documentos por las quejas vecinales. Y es que, por primera vez en la historia, el movimiento vecinal al completo (con las cinco Federaciones de Asociaciones de Vecinos que existen en la ciudad), se ha opuesto a un proceso que califican de «imposible de afrontar económicamente».

Por cada metro cuadrado a regularizar, la media total de coste oscila según la zona entre los 23 y los 35 euros, cuantía a la que hay que sumar los importes de los permisos de obra, la apertura del expediente y el canon de los profesionales que tomen parte en el proceso como abogados o notarios.

El resultado final es que el proceso para regularizar más de 15.000 viviendas ilegales sigue en el aire, y en medio de todo subyace el enfrentamiento entre los que abogan por que los propietarios que construyeron de forma irregular paguen, y quienes piensan que las administraciones tienen la mayor parte de culpa por haber mirado para otro lado. De momento, Urbanismo y propietarios siguen negociando fórmulas para abaratar los costes y poner, por fin, en marcha este proceso.