Los vecinos denuncian la existencia de numerosas antenas sin licencia

Dolores de cabeza, alteraciones del sueño... y hasta cáncer. El temor a los riesgos sobre la salud de las antenas de telefonía móvil ha provocado una auténtica movilización vecinal a lo largo de la provincia de Cádiz en contra de la instalación sobre sus casas de estos aparatos.

«Históricamente hemos tenido problemas de despliegue de la red en esta provincia», reconocen las principales operadoras de telefonía móvil, bajo la portavocía de la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información (AETIC). «Cádiz es una zona especialmente conflictiva en estos asuntos», admiten fuentes del sector.

La disputa está servida y se libra en las azoteas de los edificios. No es exagerado. Se han llegado a producir boicots a la colocación de algunas plataformas de repetición. El más reciente, el pasado mes de mayo, cuando la Plataforma de Vecinos contra las antenas de telefonía móvil de Sanlúcar de Barrameda, creada hace ya dos años, llegó bloquear el paso a los operarios de una compañía en el momento en que intentaban instalar uno de estos aparatos en un edificio de la localidad.

Antenas ilegales

El secretario de la plataforma sanluqueña, José Manuel Franco, calcula que en la localidad sanluqueña «existen en la actualidad unas 25 antenas, y al menos diez no poseen licencias». «Se colocan camufladas para que parezcan antenas de televisión o las ocultan tras chimeneas», denuncian desde la Federación de Consumidores (Facua).

La colocación de las antenas sin licencias municipales es, de hecho, una de las batallas más recurrentes para las asociaciones de vecinos, ecologistas y consumidores que en la mayoría de los municipios -Conil, Chiclana y Tarifa, por ejemplo- se han agrupado en plataformas como la de Sanlúcar. Para algunas asociaciones, como la de Segunda Aguada en Cádiz capital, la oposición a los repetidores se ha llegado a convertir en una reivindicación histórica.

La mayor parte de los casos de elusión de los permisos municipales sí cuentan, en cambio con el beneplácito de las comunidades de propietarios de los inmuebles donde son instaladas las antenas. A veces «a través de contratos blindados, por los cuáles las instaladoras se comprometen al pago de rentas o los gastos de mantenimiento de la comunidad», explican miembros de Ecologistas en Acción.

La presión vecinal de las asociaciones vecinales han provocado que desde los ayuntamientos establezcan auténticas trabas administrativas a la colocación de estos aparatos a través de «ordenanzas altamente restrictivas» -en opinión de la compañías- para la obtención de licencias.

En ocasiones las operadoras han llegado a recurrir estas normativas ante los tribunales. Aunque también se dan casos en que las empresas han llegado a solicitar la legalización de los aparatos una vez que estos han sido colocados. Uno de estos últimos casos, con la compañía Orange en la capital gaditana, como respuesta a un expediente sancionador por una antena situada en un inmueble del barrio de la Viña.

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