El ex ministro de Defensa, Federico Trillo, esta semana en el Congreso. /EFE
juicio por el accidente de avión militar

Marlaska traslada al Supremo que Trillo no tiene responsabilidad penal en el caso del Yak-42

El Alto Tribunal había requerido al magistrado una relación de indicios para imputar al ex ministro de Defensa

MADRID Actualizado: Guardar
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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha hecho saber al Tribunal Supremo que el ex ministro de Defensa y diputado del PP Federico Trillo carece de responsabilidad penal en la causa que investiga las irregularidades que pudieron cometerse en la contratación del avión Yakovlev-42, al considerar que no participó en una tarea que correspondió exclusivamente al Estado Mayor Conjunto. De esta forma ha respondido al requerimiento de la Sala de lo Penal del TS, que había reclamado una relación con los indicios contra Trillo para imputarle en la causa.

Según fuentes jurídicas, el magistrado ha contestado al Tribunal Supremo en un escrito remitido a la Sala Penal en el que asegura que en la causa "no se conforma la existencia de indicios de criminalidad dignos de significar en relación con el incidente del Yak-42". La ausencia de esos indicios, sostiene, ya se ponía manifiesto en el auto por el que decidió archivar la causa y el dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para ordenar la reapertura.

El magistrado ha remitido esta comunicación después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo emitiera una providencia en la que le requería una relación con los "indicios de responsabilidad" que constan contra el ex ministro, puesto que sin estos datos "esta Sala está imposibilitada legalmente para adoptar cualquier resolución" respecto a la imputación del diputado 'popular' en dicha causa.

El Supremo había hecho esta solicitud esta mañana después de que, el pasado miércoles, Marlaska le pidiera que se pronunciara sobre la solicitud de imputación del ex ministro formulada por la acusación que ejercen los familiares de los militares fallecidos en el accidente, pero sin enviar -como es habitual- una exposición razonada de los indicios de responsabilidad criminal que él ha encontrado.

Las familias de los fallecidos piden la imputación de Trillo

La comunicación que Marlaska ha remitido al TS conllevará que el ex ministro de Defensa no sea imputado en la causa, algo que reclamaba la acusación que ejercen las familias de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente. Ante la condición de aforado de Trillo, el juez decidió no resolver sobre esta petición y, en su lugar, la remitió al Tribunal Supremo para que éste se pronunciara.

El magistrado, sin embargo, se limitó a enviar al Alto Tribunal el escrito de la acusación particular y no -como es preceptivo- una exposición razonada dando cuenta de los indicios que él apreciaba en la conducta de Trillo para imputarle.

El Supremo le ha contestado esta mañana que, sin esa exposición, la Sala de lo Penal está "imposibilitada legalmente" para decidir sobre la cuestión y ha sido cuando ha requerido a Marlaska para que detallara los indicios contra Trillo. Éste se ha apresurado a responder que no ve ninguno.

Acaba el plazo y el delito precribirá

Así las cosas, el ex ministro de Defensa -a quien las familias de las víctimas acusan de los delitos de imprudencia con resultado de muerte, malversación de caudales públicos y falsedad documental- no será finalmente imputado en la causa, ya que el Supremo no actuará si Marlaska no ve indicios contra él y el juez ya ha dejado claro que, en su opinión, no los hay.

A esta circunstancia se suma el hecho de que, el próximo lunes, se cumple el quinto aniversario de la catástrofe y también el plazo previsto de cinco años para la previsión de los delitos que la acusación imputa a Trillo.

Los familiares consideran que existen "hechos objetivos" para acordar la imputación de Trillo, entre ellos que Defensa sabía que hubo quejas previas al accidente sobre la seguridad de los vuelos contratados con compañías del Este y un informe del servicio de inteligencia del Ejército en el que se admitían los riesgos de seguridad en este tipo de viajes.