Imagen de archivo de Federico Trillo.
antes del próximo día 26

Marlaska pide al Supremo que decida si Federico Trillo debe ser imputado por el Yak-42

El magistrado justifica la urgencia con la que deberá pronunciarse el Alto Tribunal en el hecho de que el próximo lunes prescribe el delito

MADRID Actualizado: Guardar
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El Tribunal Supremo deberá decidir antes del próximo lunes si imputa al ex ministro de Defensa Federico Trillo por un delito de imprudencia con resultado de muerte en la causa en la que se investiga el accidente del Yak-42, ocurrido en Turquía el 26 de mayo de 2003.

Así se lo ha solicitado hoy el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga las posibles irregularidades en la contratación del avión, en un auto en el que justifica la urgencia con la que deberá pronunciarse el Alto Tribunal en el hecho de que el próximo lunes se cumple el plazo de cinco años previsto para la prescripción de ese delito.

La petición de que se impute a Trillo fue planteada al juez el pasado día 14 por la acusación que ejercen los familiares de los 62 militares españoles fallecidos en el siniestro, quienes consideran que existen "hechos objetivos" para acordar su imputación. Entre ellos que Defensa sabía que hubo quejas previas al accidente sobre la seguridad de los vuelos contratados con compañías del Este y un informe del servicio de inteligencia del Ejército en el que se admitían los riesgos de seguridad en este tipo de viajes.

Pero Marlaska considera que, dada la condición de aforado del ex ministro, que en la actualidad es diputado del PP, no debe ser él quien decida, sino el Supremo. Así, y en un auto notificado hoy, el magistrado afirma que, "dado el carácter notorio de diputado al Congreso" de Trillo, no le corresponde a él "analizar la razonabilidad de la imputación" del ex ministro, por lo que acuerda remitir a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el escrito de la acusación.

Trillo tranquilo ante su posible imputación

El ex ministro de Defensa y portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, se ha mostrado tranquilo ante la posibilidad de que el Supremo pueda imputarle por la accidente del Yak -42. Aunque aún no ha tenido oportunidad de leer el auto del magistrado de la Audiencia Nacional, ha asegurado que mantiene su conciencia "tranquila" y su confianza "plena" en la Justicia "a pesar de algunos pesares".

"Cuando uno tiene la conciencia tranquila no tiene miedo de nada, sino que lo que está deseando desde hace cinco años es que se llegue de verdad al fondo del asunto y que cada cual quede en su sitio", ha sostenido.

Por ello, confía en que "por fin" se establezca con carácter judicial "la verdad" sobre el accidente del Yak -42 para así conseguir que "algún indeseable deje de jugar con el dolor ajeno y con la memoria de los muertos". "Y cuando hablo de indeseables - ha matizado-, no me refiero ni a los fallecidos, que tienen todo mi respeto, afecto y cariño, ni a sus familiares, sino a algún político que ha enredado y sigue enredando".

Acusados cinco altos mandos militares

Respecto a la cúpula militar, el juez Grande-Marlaska acusó ayer a cinco altos mandos militares de un delito de homicidio por imprudencia grave y les citó a declarar en relación con las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42. Todos han sido convocados por el juez de la Audiencia Nacional para ser interrogados los próximos 23 y 24 de junio.

Los primeros que pasarán por el despacho del juez serán los que fueron jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) almirante general Antonio Moreno Barberá y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de división Juan Luis Ibarreta Manella. Al día siguiente lo harán el jefe de la división de operaciones del EMACON, contraalmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas; el coronel jefe de la sección logística de la división de operaciones del EMACON, Joaquín Yañez Gozález, y el comandante de esa misma sección, Alfonso Elías Lorenzo Taboada.

El juez considera que los cinco militares son responsables en cuanto a que no ejercieron su función de controlar el cumplimiento del contrato que el Estado Mayor Conjunto suscribió con NAMSA, la Agencia de la OTAN contratista de los aviones para el traslado de tropas españolas al exterior.