Jueces por unos días

La realidad del tribunal popular en la justicia española poco tiene que ver con la misma figura sobre la que se asienta el sistema judicial en Estados Unidos. Pese a que esta otra realidad es más lejana para el ciudadano de este país, curiosamente está más habituado a ella gracias a las numerosas series y películas que giran en torno a un jurado norteamericano. Clásicos del cine como Doce hombres sin piedad, se alejan de la vivencia que les ha tocado en suerte a los nueve gaditanos, más dos suplentes, que han sido elegidos para ser jueces por unos días en esta causa.

Aunque la reforma legislativa del año 95 que impuso el tribunal popular nació con las suspicacias de abogados, jueces y fiscales que veían arriesgado depositar un fallo judicial en manos de personas sin conocimientos jurídicos, con el paso del tiempo la elección de los miembros del jurado ya forma parte de la estrategia de acusación y defensa.

El juicio por el crimen de La Viña arrancó ayer con la designación de los ciudadanos que conforman el tribunal. Las siete mujeres (dos de ellas suplentes) y los cuatro hombres a los que deberán convencer las partes salieron tras un sorteo y dos cribas previa que efectuaron a una treintena de candidatos.

El primer filtro fue para aquellos que tenían excusas autorizadas para no ocupar su puesto como no saber leer y escribir, superar la edad límite que fija la ley (65 años), haber sido miembro en otro jurado en los últimos cuatro años o padecer una enfermedad que no recomienda estar sometido a situaciones de tensión.

En la segunda criba, los aspirantes se sometieron a preguntas concretas de las partes, que tienen hasta ocho oportunidades para recusar a un posible miembro. En este caso se repartieron cuatro negaciones para las acusaciones y otras cuatro para la defensa. Candidatos que confesaron conocer a la familia de la víctima o que reconocieron su total incapacidad para tomar una decisión en base a las pruebas porque venían con un veredicto ya predeterminado se quedaron fuera de la lista final.

Los jurados electos lo constituye un grupo que la mayoría de sus integrantes no supera los 40 años y no tiene formación universitaria. Este último aspecto, dependiendo del letrado, puede ser un billete directo al tribunal. En algunas causas, el abogado busca que el jurado se mueva más por los sentimientos que por un razonamiento bien formulado. En cambio, hay otros profesionales que optan por candidatos que puedan captar con más facilidad las sutiles diferencias que a veces hay entre un tipo de delito u otro.

No hablar del caso

Estas once personas (los suplentes tienen que asistir a las sesiones e incluso pueden hacer preguntas, pero sólo pueden votar si alguno de los titulares causa baja) no vivirán a partir de ahora aisladas. Tras cada sesión, pueden regresar a sus quehaceres diarios, aunque se les ha advertido que no deben hablar con nadie del caso ni consultar lo que se publica en los medios de comunicación.

Esta situación cambia en el momento que tengan que deliberar. En la Audiencia Provincial hay unas dependencias reservadas para que el tribunal estudie su veredicto en soledad y si su decisión se prolonga, pernoctarán en un hotel. Este grupo de ciudadanos ejercen un derecho inexcusable por el que reciben una cantidad diaria que ronda los 60 euros.