Abren una investigación por las denuncias de trato de favor a presos de Puerto III

Las aguas discurren muy revueltas en uno de los principales centros penitenciarios del país, el de Puerto III. Los sindicatos llevan dos semanas denunciando irregularidades en el funcionamiento interno de Puerto III y señalando como principal responsable de ellas al director de la prisión, Miguel Ángel Rodríguez.

Las acusaciones son graves: presuntos tratos de favor a determinados presos y hasta un complot urdido por dos internos para «pegar un susto» a dos funcionarias que habían informado en contra de la recalificación al tercer grado de uno de ellos.

La situación de alta conflictividad, como reconocen fuentes del centro penitenciario, ha propiciado que tres sindicatos (Acaip, UGT y la Asociación Profesional, APFP) se unan para firmar las denuncias públicas y no hacer la guerra por su cuenta.

Sus protestas, con eco en los medios de comunicación, han tenido respuesta por parte de la Subdirección de Inspección Penitenciaria, que enviaba la semana pasada a dos inspectores para que recabaran información sobre los hechos denunciados.

Estuvieron desde el lunes hasta el jueves y aún no han trascendido las conclusiones de su informe. Su labor ha consistido en revisar las quejas de los funcionarios y si de ellas se puede desprender que ha habido una conducta reprochable por parte de la dirección.

El director Miguel Ángel Rodríguez no ha estado esos días en su puesto de trabajo porque se encontraba de vacaciones, según han confirmado fuentes penitenciarias a LA VOZ.

La visita de la Inspección se produce días después de que saliera a la luz la primera denuncia de los sindicatos en la que se acusaba a la dirección de tener un trato privilegiado para determinados presos, que cumplen condena por delitos de ‘guante blanco’.

En ese comunicado se ponían de ejemplo dos casos concretos, el del inspector médico condenado por la ‘operación Karlos’ y el de un empresario de Jerez.

La Junta de Tratamiento estudió su calificación penitenciaria en periodos más cortos que el resto de la población reclusa. Si la norma general es revisar la situación de un interno cada seis meses, en estos dos casos se habían propuesto dos y tres veces en menos de un semestre. Unas sugerencias que partían de la dirección, según la denuncia sindical.

Esta situación ha provocado una fractura dentro de la Junta de Tratamiento. Los técnicos como psicólogos, juristas o trabajadores sociales se han opuesto a que tanto el inspector médico obtuviera un régimen más flexible antes de tiempo o que se intentara hasta en tres ocasiones y en menos de cinco meses que el empresario obtuviera el tercer grado.

Este recluso ya se había beneficiado de un indulto a finales de los 90 y ahora está cumpliendo su segunda condena. Para los funcionarios, se está aplicando una doble vara de medir para los presos.

Esa noticia se conocía el miércoles día 12 y al lunes siguiente llegaban los inspectores. Estos funcionarios contaban con más información que la que entonces se había difundido a los medios.

Y es que uno de esos internos que estaba teniendo un supuesto trato preferente por parte de la dirección, estaba implicado en un complot para amenazar a dos miembros de la Junta de Tratamiento que se habían opuesto a su recalificación al tercer grado.

Las trabajadoras afectadas, afiliadas a la APFP, recurrieron a su sindicato tras recabar pruebas de que el empresario jerezano y otro interno de Puerto III se habían confabulado para que alguien les «pegara un susto». Luis A. B. había recurrido a un conocido narcotraficante de Huelva, Anselmo Sevillano, para que le ayudara a disuadir a la fuerza a las funcionarias.

Coacción a las funcionarias

Según las pruebas recogidas por ellas, Sevillano se ofreció a contactar con familiares suyos que residen en el conflictivo barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas para que se encargaran de las trabajadoras.

Éstas llegaron a tener constancia de que habían logrado reunir información personal sobre ellas como sus domicilios y horarios de rutinas.

Estas pruebas fueron entregadas a la dirección, que abrió una investigación interna que acabó con el archivo sin consecuencias para los internos. Entre los motivos que se alegó para cerrar el expediente es que los dos internos no se conocían.

Esta última decisión ha sido la gota que ha colmado el vaso entre los funcionarios, que han visto cómo el director le daba mayor credibilidad a la versión aportada por los presos, que a los datos recogidos por las trabajadoras.

Además subrayan el pasado del narcotraficante onubense, quien se vio implicado en una compra de favores en la prisión de Huelva, que acabó con el cese de su director en 2011. Se trataba de Francisco Sanz, quien inaugurara Puerto III y estuviera al frente del centro en los dos primeros años.

Estos acontecimientos fueron trasladados esta semana a los medios de comunicación, a los que se les aportó algunas pruebas de cómo los dos internos habían mentido.

Una de ellas era la venta de una sociedad que usó Sevillano como tapadera para el narcotráfico al empresario jerezano. Una operación mercantil que se produjo el pasado mes de abril, con los dos presos en Puerto III.

A día de hoy, según fuentes penitenciarias, este episodio sólo ha servido para que el interno Luis A. B. haya sido trasladado a Puerto II; mientras que Anselmo Sevillano continúa en Puerto III; lo que ha crispado aún más a los funcionarios que entienden que no se está protegiendo a las trabajadoras, exponiéndolas a una auténtica amenaza real.

Piden el cese del director

La APFP ha confirmado a LA VOZ que va a solicitar formalmente el cese de Miguel Ángel Rodríguez «por la gravedad de los hechos». Rodríguez tiene en su historial profesional otro cese por supuestas irregularidades cuando dirigía Puerto II en 1992.

En aquella ocasión, dos directores cayeron al detectarse relaciones familiares con las empresas de suministro de varios centros penitenciarios.

Rodríguez continuó vinculado a Instituciones Penitenciarias y recurrió su destitución en los tribunales. En 1996, la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional daba carpetazo al asunto desestimando el recurso de Miguel Ángel Rodríguez. El tribunal confirmó que su cese había sido ajustado a derecho.

En esa fecha, el director general de Instituciones Penitenciarias era Ángel Yuste, quien ocupa la actual secretaría general con la llegada de nuevo del PP al Gobierno central. Rodríguez, que hasta principios de 2012 era director de Programas en el CIS de Jerez, fue nombrado nuevo director de Puerto III tras llegar a Moncloa nuevamente el Partido Popular.