Rebelión interna contra la dirección de Puerto III

En plena polémica por la concesión del tercer grado al expresidente balear Jaume Matas (PP), el sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP rescata una denuncia similar. Esta vez señalando al director de la prisión gaditana de Puerto III y a dos reclusos como los beneficiados de un trato preferente.

El sindicato ha remitido dos escritos al secretario general de Instituciones Penitenciarias y a la Inspección para que inicie una investigación interna que clarifique si hay un interés personal del director Miguel Ángel Rodríguez para favorecer a dos reclusos: un empresario de Jerez, condenado por un delito contra la Hacienda Pública, y el inspector médico que cayó en la mediática ' operación Karlos', sentenciado por estafa y cohecho.

Desde la Dirección General aún no han respondido a esas peticiones.

Este periódico ha intentado, sin éxito, hablar con la dirección de Puerto III para que se defendiera de las graves acusaciones. Durante toda la jornada de ayer, el director permaneció reunido y no podía recibir llamadas, según explicó su secretaria.

Ambos presos señalados se encuentran en segundo grado. Acaip, sindicato mayoritario en Puerto III, denuncia que desde la dirección se está adelantando las revisiones de su calificación penitenciaria para obtener un régimen más flexible.

El empresario jerezano que cumple condena por un delito fiscal fue indultado en 1997. Había sido sentenciado en 1995 por apropiación indebida. Ahora se encuentra cumpliendo una segunda condena.

A la población reclusa de este centro se le revisa su situación penitenciaria una vez cada seis meses, explican los funcionarios, pero en el caso de este empresario, la dirección (que forma parte de la junta de tratamiento) ha pedido que se revise su clasificación «hasta en tres ocasiones en sólo cinco meses».

Por ahora, no se ha producido ninguna modificación en la situación actual de estos presos por la oposición del equipo técnico de la Junta que no entiende por qué se están alterando los plazos de revisión con determinados interno «sin motivo alguno».

En esos tres intentos por reclasificar al preso, se ponía encima de la mesa que pasara al tercer grado; un régimen de semilibertad que permite al recluso abandonar la cárcel, dormir en un centro de inserción social (CIS) y regresar los fines de semana a su casa.

Entre la documentación remitida a la secretaría general y la Inspección para que intervenga están las actas de las reuniones de la junta de tratamiento en las que los miembros del equipo técnico «están haciendo constar su desacuerdo con este proceder», al entender que se están «vulnerando preceptos constitucionales como la igualdad de trato hacia todos los internos», señala un comunicado remitido por Acaip.

Permisos extraordinarios

El inspector médico del 'caso Karlos' fue condenado a nueve años de cárcel por certificar incapacidades físicas de trabajadores, previo pago, que servían para obtener pensiones de forma fraudulenta. La Junta de Tratamiento fue convocada de manera extraordinaria el pasado julio para que se revisara la situación de este interno.

Encima de la mesa, la posibilidad de que pudiera pasar a una situación intermedia entre el segundo y el tercer grado definida en el Reglamento como 100.2. El interno podría salir a las ocho de la mañana y regresar a las siete de la tarde al centro penitenciario. Una revisión que no prosperó por la oposición nuevamente del equipo técnico.

En la información facilitada por el sindicato se asevera que la situación de este recluso fue llevada a la junta de tratamiento dos veces en tres meses.

También se hace referencia otros posibles privilegios que habrían disfrutado estos reclusos como el disfrute de permisos o la autorización de salidas extraordinarias para visitar a un dentista cuando la atención sanitaria está garantizada en el mismo centro penitenciario.

La acusación es muy grave porque en el comunicado remitido a los medios se sostiene que la actual dirección, que lleva desde primavera de 2012, hace distinciones entre reclusos en función del tipo de delito que han cometido. Los beneficiarios del trato preferente son los delincuentes de «guante blanco», «que son los que tienen en estos momentos una mayor notoriedad pública».

Fuentes penitenciarias describen la situación de alta tensión y no recuerdan precedentes de una división interna tan profunda en la junta de tratamiento entre los técnicos y los cargos de dirección.

Este órgano decisorio está compuesto por tres cargos de libre designación: el director y dos subdirectores; más el jefe de servicio y el equipo técnico.

Las mismas fuentes señalaron que este conflicto interno viene de más atrás y que los dos presos señalados en el comunicado de Acaip son sólo dos ejemplos. Desde el sindicato reconocen que el malestar se ha extendido entre los funcionarios por la gestión de Miguel Ángel Rodríguez.