Extrabajadores de Delphi perderán los meses cotizados mientras daban clases

El anuncio del Gobierno tendrá consecuencias sobre los más débiles: los casi 500 extrabajadores de Delphi que siete años después del cierre de la planta aún están pendientes de la recolocación prometida por escrito. Ni jubilación, ni prejubilación, ni baja ni nuevo empleo. No tienen nada y, ahora, además, sufren otra amenaza en el horizonte. El informe de la Inspección de Trabajo hecho público por el Ejecutivo el pasado jueves confirmaba que se han encontrado graves indicios de irregularidades en los cursos de formación que recibieron los extrabajadores de Delphi.

La Junta de Andalucía ha confirmado que estudiará «uno a uno» cada uno de los cursos impartidos y sus receptores. Uno de los promotores de esta formación, el exconsejero de Hacienda de la Junta, Ángel Ojeda Avilés, está imputado por cuatro delitos. La Policía le acusa de haber cobrado millones en ayudas para ofrecer una formación que finalmente fue «ficticia». Pero mientras la Justicia y la administración autonómica dirimen cómo se dieron esas clases y si alguien se aprovechó de ellas, la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha un proceso paralelo, distinto. Relacionado pero diferente.

La tarea de este departamento, al margen de cómo se desarrolló la formación, establece que nunca debió pagarse a los trabajadores por ella. Según fuentes de la propia Inspección de Trabajo en la provincia de Cádiz, el conflicto detectado en el informe hecho público el jueves es independiente a la posible estafa de Ángel Ojeda Avilés o de empresas y organismos que hubieran ofrecido los cursos. Eso tendrá que dirimirlo la Justicia.

Más allá de esa consideración, aunque los cursos hubieran sido impecables desde el punto de vista legal, la Inspección de Trabajo cree que la Junta de Andalucía «simuló una relación laboral» con los extrabajadores de Delphi. Es decir, les pagó por recibir formación, algo que «no contempla la Ley ni permite la Unión Europea, que aportaba parte de los fondos utilizados». Un parado no puede recibir un sueldo explícitamente por formarse. Puede recibirlo gratuitamente para propiciar su reciclaje pero no percibir un salario a cambio y, mucho menos, que eso supone una cotización por la que luego perciba algún tipo de subsidio de desempleo o futura pensión.

Esa «chapuza», según las mismas fuentes, demuestra que «la formación remunerada fue una decisión política. Ningún gestor ni técnico la habría dado por buena para que ahora llegara la Inspección de Trabajo a pedir cuentas. Es evidente que era incorrecto».

Inocentes pero paganos

El informe publicado por el Gobierno deja bien a las claras que los extrabajadores de la factoría gaditana cerrada en 2007 no son responsables de esta cadena de negligencias. De forma clara, les «exculpa» de cualquier irregularidad. Es decir, son inocentes de cualquier posible trampa en el proceso de formación pero eso no impide que puedan tener que asumir algunas consecuencias de forma indirecta.

Según las mismas fuentes de Inspección de Trabajo, el expediente supondrá la «anulación» de los meses cotizados por esos extrabajadores al realizar cursos de formación. Nadie puede cobrar ni cotizar en la Seguridad Social por formarse, un apartado que ya figura expresamente en las deducciones obligatorias y automáticas que aparecen en las nóminas de todos los trabajadores españoles.

Por tanto, cuando Junta de Andalucía e Inspección determinen quienes cobraron y aportaron, y durante cuánto tiempo, al dar esas clases, la cotización será anulada, eliminada. Ese paso tendrá consecuencias distintas en cada caso particular según la situación personal de cada uno de los afectados. Por poner un ejemplo, si a 200 exempleados se les detectan como incorrectos ocho meses de cotización, le serán restados a todos. Si alguno utilizó esos ocho meses para cobrar algún tipo de prestación por desempleo, podría recibir una notificación para devolverla total o parcialmente. En otros casos, la eliminación de ese número de meses -aún por determinar- alteraría la cuantía de una futura pensión por jubilación o prejubilación. En suma, supondrá una alteración de su vida laboral. Según cada caso, depende los números de meses cotizados, de meses de desempleo percibidos, incluso de los ingresos pasados, ese cambio tendrá una consecuencia u otra. Inspección de Trabajo en Cádiz resume que «algunos» extrabajadores de la factoría puertorrealeña podrían verse obligados a devolver «alguna cantidad» aunque admiten que «no son responsables de nada. Es una consecuencia de lo que se hizo mal, aunque ellos no hicieran nada. Los mecanismos de la administración no hacen distinciones. Si algo se cobró indebidamente, se pide su reintegro sin hacer excepciones».

El plan especial por el que recibieron formación remunerada contaba con subvenciones públicas por valor de 105 millones de euros. Las irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo en Madrid se suman a las que ya denunció la Cámara de Cuentas de Andalucía, que alertó el pasado enero sobre la negligencia de conceder becas para compensar prestaciones. El informe de la institución andaluza ponía en cuestión las ayudas ofrecidas a la extinta Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe), ahora integrada en el Servicio Andaluz de Empleo. Este proceso administrativo es distinto, paralelo, al judicial que determina si alguien se enriqueció con cursos que no cumplían los requisitos legales, que directamente no se realizaron o que violaron los derechos tanto de docentes como de alumnos.