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La jueza pide a la Policía que amplíe su informe de las obras del tranvía

Quiere constatar si la adjudicataria continúa trabajando en todo el tramo de Zurraque a la Ardila desobedeciendo al TSJA

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Un informe incompleto, así al menos lo ha entendido la jueza instructora del juzgado de San Fernando que lleva la denuncia del expropiado Joaquín Moreno contra la dirección General de Transportes por un presunto desacato de la orden de paralización decretada en abril por la sala cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El documento entregado por la Policía Local no responde a las necesidades del proceso, sobre todo porque se centra en la calle Real y omite algunas de las zonas más importantes de la actuación. Por ello ha vuelto a solicitar la elaboración del informe, aunque en esta ocasión ha especificado que se amplíe para recoger todo el tramo que va desde el caño Zurraque hasta la zona de la Ardila. De este modo, afecta a los dos puentes que se están realizando a la salida de San Fernando, uno precisamente en el caño Zurraque y el otro en el de Sancti Petri, que recogerá el tráfico del puente Zuazo que se convertirá en peatonal.

Una puntualización que se realiza debido a que el documento es una pieza crucial para determinar si sigue adelante la denuncia puesta por el afectado, que ve como a pesar de darle la razón la Justicia continúa sin que se abra una negociación de compensación por el derribo de su casa y su negocio, mientras que las obras han seguido, omitiendo los dictámenes y resoluciones que han ido publicándose en los últimos meses.

Nuevamente habrá que esperar al resultado para saber qué nueva dirección toma el proceso judicial. La intención de la Junta es la de finalizar los trabajos antes de que acabe el año, pero aún queda mucho por hacer. Por lo menos se ha adelantado bastante en estas dos plataformas, principalmente en la del Zuazo que ya cuenta con todos los tableros y solo está a la espera de las labores de urbanización. Por el momento se han comenzado, aunque a un ritmo lento la retirada de los lodos del caño de Sancti Petri, para que vaya recuperando su cauce y no se continúe afectando de manera al ecosistema de la zona.

Otro enfrentamiento que tiene abierto la Delegación provincial de Obras Públicas es la de los malos olores de la calle Real. Si desde este organismo se afirmaban que los malos olores proceden de la falta de tratamiento y los altos índices de sulfuro de la estación de bombeo de Pery Junquera, una inspección municipal achaca el problema a la mala conexión de las redes de pluviales y fecales en cuatro puntos concretos: las dos esquinas de la plaza del Rey, las inmediaciones de la Iglesia Mayor, así como las de Capitanía. De esta manera el responsable del área de Sostenibilidad Ambiental, Francisco Romero, aseguró que para solucionarlo sería necesario una inversión de 30.000 euros con la colocación de sifones y de imbornales para asegurar que están llenos de agua y no pasen los olores.

Todo ello cuando desde la Junta ya se anunció la colocación de estos utensilios e incluso se ha visto en las últimas semanas personal trabajando en el alcantarillado de Real. De todos modos Romero aseguró que se harán análisis a la estación de bombeo de Pery Junquera pero cuando se reciba el informe, pues por el momento solo cuentan con dos folios de conclusiones remitido desde Obras Públicas.