El Constitucional tumba la competencia exclusiva de Andalucía sobre el Guadalquivir

El Guadalquivir es, sobre todo, español. El Tribunal Constitucional ha resuelto por unanimidad declarar inconstitucional y por tanto anular el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía que otorga a esta comunidad la competencia exclusiva sobre la gestión del río Guadalquivir. El río grande, según su traducción del árabe, se convirtió en un logro simbólico de la reforma del Estatuto de Andalucía aprobada en 2007 con el consenso del PSOE, PP e IU. Sus máximos líderes hoy, Griñán, Arenas y Valderas, aparcaron ayer sus diferencias para buscar de nuevo el consenso en una fórmula que permita a Andalucía mantener la máxima gestión de la cuenca, transferida a la Junta en 2009.

Una cosa es el curso del río, que transcurre íntegramente por territorio andaluz, y otra la cuenca sobre la que se extiende. Este es el argumento que esgrimió el ex presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cuando presentó en 2007 un recurso de incostitucionalidad contra los artículos 43, 50.1 a, 50.2 y 51 del Estatuto. Extremadura argumentó que la norma andaluza vulnera el artículo 149.1.22 de la Constitución, que atribuye al Estado las aguas que discurran por más de una región, dado que la cuenca transcurre por Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia. Sobre ello hay jurisprudencia.

Ahora el Constitucional le da la razón a Extremadura parcialmente. Considera constitucionales los artículos que hacen referencia a la potestad andaluza para gestionar, con el beneplácito estatal, lo que se encuentre en su territorio de competencias con alcance supraterritorial. Son tres artículos en los que se pueden entender una alusión velada al Guadalquivir. Pero el alto tribunal anula el artículo más preciso, el que expresamente refiere «competencias exclusivas» de Andalucía sobre el Guadalquivir, el 51.

La sentencia ha caído como un jarro de agua fría en el Gobierno andaluz, sumando este varapalo a su delicada situación por el escándalo de los ERE. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, manifestó que acatará la sentencia, pero opinó que las alternativas para que Andalucía siga «abanderando» la gestión del río no se agotan en ella. «El Guadalquivir es un río andaluz y con esta frase quiero expresar no un sentimiento, sino una convicción que yo creo que todo el mundo comparte», manifestó antes de reunirse con la oposición para buscar una salida de consenso.

Griñán y Arenas aparcaron por un momento la belicosa relación por los ERE en una reunión en el Parlamento no exenta de cierta «pasión», como Valderas, también presente, describió el encuentro tenso de los dos dirigentes. Los tres estuvieron de acuerdo en una agenda con tres puntos principales: Negociación con el Gobierno de la Nación y con el de Extremadura, la convocatoria urgente de la comisión bilateral y, a propuesta de Arenas, la de la comisión parlamentaria de Desarrollo Estatutario. Mar Moreno confirmó que Griñán se reunirá el lunes con Zapatero, con quien habló ayer. También conversó con el presidente extremeño,Guillermo Fernández Vara, quien se mostró abierto al diálogo.

Una de las posibilidades que se abren ahora es que el Gobierno, como ya hizo con Cataluña, delegue en Andalucía, mediante una ley orgánica, las competencias del Guadalquivir, en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. Tanto Mar Moreno como Arenas y Valderas consideraron «precipitado» hablar de fórmulas hasta que se conozca del todo la sentencia, que se hará pública en breve.