El Consistorio afirma que los vertidos han sido «puntuales»

La alcaldesa, Teófila Martínez, ha anunciado que tomará medidas legales contra la Delegación Provincial de Medio Ambiente por «negligencia y persecución a este Ayuntamiento» al acusarlo de vertir aguas residuales sin depurar al mar. Por este motivo, ha solicitado el cese de la delegada y diputada del PSOE, Silvia López.

El presidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní, aseguró ayer al respecto que están elaborando un documento para poder defenderse en los tribunales. Romaní aclaró que «es mentira que los vertidos haya sido algo continuo», ya que han sido casos «puntuales» de «entre tres y cinco horas» producidos por averías o mantenimientos obligatorios de las estaciones de bombeo. Para Romaní, cuando las estaciones funcionan con normalidad el «vertido es cero».

La Junta de Andalucía acusaba al Consistorio gaditano de vertir aguas residuales sin antes tratarla en La Paz, Puntales, Lubet, Cortadura y Mirandilla. El presidente de Aguas de Cádiz respondió a estas acusaciones aseverando que La Paz es una arqueta de conexión que ha podido tener escape pero en cualquier caso de «aguas pluviales que no se depuran, no fecales».

En el caso de Puntales hubo una avería por derrumbe que se arregló pero en la que «no se produjo ningún vertido». En cuanto a la Mirandilla, explicó que los técnicos están intentando implantar una válvula para evitar inundaciones en épocas de fuertes lluvias. Con ello, Romaní sentenció que «tenemos la capacidad de depurar el 100% de las aguas. Hablamos de casos puntuales porque es imposible evitar todas las conexiones piratas».

La Junta también echaba en cara a la Corporación municipal no haber firmado el convenio para la autorización de vertidos puntuales. Así, Romaní se defendió asegurando que «no hay técnicos con un mínimo de responsabilidad que pueda firmar las condiciones que nos imponen. Que se nos exija cosas absurdas quiere decir que no tienen intención de que firmemos el documento». Entre las condiciones que se recogen en la autorización figura cerrar de la estación de bombeo de San Carlos, evitar la salida de pluviales, algo «imposible» a juicio de Romaní, y eliminar los aliviaderos, lo que cree «absurdo».