Alemania y Francia irritan a la UE al exigir la reforma del Tratado de Lisboa

La reforma del Tratado de Lisboa que Alemania, con el apoyo de Francia, reclama para consolidar la lucha contra los excesos presupuestarios de los socios del euro, polarizó las primeras deliberaciones de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que comenzó ayer en Bruselas y deberá concluir a primeras horas de la tarde de hoy.

Los compromisos asumidos por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy en su reciente cumbre de Deauville para reformar el Pacto de Estabilidad sobre rigor presupuestario no han sentado bien al resto de los miembros de la Unión, que no ocultaban su disgusto al llegar a la cita de Bruselas. Fredrik Reinfeldt, el primer ministro sueco, lo expresaba con gran claridad, cuando manifestaba que la estrategia alemana para resolver los problemas de credibilidad de la Eurozona «no deberían crear dificultades a los demás» y rechazaba expresamente la posibilidad de restringir los derechos de voto de un país incumplidor de sus obligaciones con la Unión Monetaria (UM). Suecia, en cualquier caso, no forma parte del euro.

Irlanda, por su parte, declaraba su animadversión a pasar por otro proceso de ratificación de un nuevo tratado que implicase la convocatoria de un referéndum. Pero la canciller germana insistía en sus postulados. Al llegar a la cumbre, en unas breves declaraciones, abundó en la conveniencia de acometer una reforma limitada del Tratado de Lisboa y en suspender los derechos de voto de aquellos países que contravengan las disposiciones de la UM.

Los acuerdos de Sarkozy y Merkel alcanzados hace díez días prevén una reforma del tratado a fin de establecer un «mecanismo permanente y robusto para asegurar un tratamiento ordenado de las crisis en el futuro, que incluya los necesarios ajustes para posibilitar la participación del sector privado, y que permita a los Estados miembros tomar medidas coordinadas apropiadas para preservar la estabilidad financiera en la zona euro». Contemplan, también, la suspensión de los derechos políticos de los países en infracción grave del Pacto de Estabilidad.

Mecanismo permanente

La conferencia comunitaria, por lo tanto, concentró sus esfuerzos de la primera jornada en el análisis del propuesto mecanismo permanente de ayuda a los países de la Eurozona en dificultades. Sustituiría al creado en mayo, con una cobertura máxima de 750.000 millones de euros, y está previsto que tenga una duración de tres años. El grupo dirigido por Herman van Rompuy y compuesto por los ministros de Finanzas de los Veintisiete es partidario de crear ese mecanismo y reconoce que podría requerir la reforma. La cumbre intentaba ayer imaginar la manera de circunscribir esos cambios al estricto mínimo para evitar nuevos desbordamientos.

El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, decía apoyar la iniciativa, siempre y cuando tuviera un alcance limitado, pero las incertidumbres son grandes, sobre todo porque instituciones como el Parlamento Europeo pueden estar tentados de aprovechar la ocasión y abrir la tarta de la negociación. Ayer, por el pronto, la cumbre enfrió las ambiciones presupuestarias de la Eurocámara, promoviendo una revisión al alza del presupuesto comunitario del 2,91% para 2011, frente al 6% que reclamaba.

Fuentes de la presidencia belga daban por hecho que la cumbre aceptará la reforma del tratado y que fijará un calendario -primavera de 2011- para que el proceso haya concluido. Otra cosa son los desarrollos legislativos que de la reforma se seguirán y que requerirán más tiempo. La base para esas discusiones será el documento del grupo de trabajo de Van Rompuy en el que se esboza abiertamente (punto 48) la asunción de riesgos por parte del sector financiero privado en los empréstitos de deuda soberana. La posibilidad de quiebra de un miembro de la zona euro parece implícita, pero la cumbre no preveía desarrollar la idea.