Fomento estudia tasas a los camioneros que reportarían al Estado hasta 3.300 millones

«Se acabó la cultura del todo gratis». Es la consigna más repetida en los últimos tiempos por José Blanco. El ministro de Fomento ha dejado claro que va a «revisar viejos dogmas» porque «en materia de infraestructuras, o contribuyen a financiar su construcción en mayor medida quienes más las usan o las pagamos todos». Por eso ha abierto el melón del pago por el uso. Un debate incómodo para cualquier Gobierno, pero que se antoja imperioso en el actual escenario, con unos costes de construcción y mantenimiento millonarios y un presupuesto público a la baja.

Una de las alternativas a medio plazo que Blanco tiene encima de la mesa, aunque no la única, es la aplicación en España de la directiva europea conocida como de la 'euroviñeta', que no es otra cosa que una tasa por kilómetro recorrido a los camiones pesados que responde a la premisa de que «quien usa, paga y quien contamina, paga». Otro de los reiterados mensajes del ministro. La norma da libertad a los Estados para aplicarla o no.

Según un estudio del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, entregado recientemente por la CEOE a la secretaría de Estado de Transportes, la aplicación de esa suerte de peaje (vigente en varios países europeos) reportaría a las arcas del Estado entre 2.700 y 3.300 millones de euros al año, según la red viaria a la que se aplicara. Un dinero más que suficiente para atender los 1.200 millones que cuesta cada año la conservación de las vías y que, al tiempo, podría servir -en función del modelo que se finalmente se adopte- para reconvertir al sector y dotarlo de mayor competitividad.

El asunto no es nuevo. El pago por el uso y la sombra de la 'euroviñeta' ya planeaban sobre el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT) de 2005. Aunque la anterior responsable de Fomento, Magdalena Álvarez -que tuvo más de un conflicto con los transportistas- evitó siempre trasladar la fórmula a España.

Algo que, a buen seguro, levantaría en armas a los camioneros. Aún así, los técnicos de Fomento y de algunas de sus empresas filiales trabajan desde entonces en análisis como el proyecto META (Modelo Español de Tarificación de carreteras) sobre la eventual implantación. Blanco subraya que el asunto queda un tanto en manos de la presidencia de turno de la UE, que ocupa Bélgica y que ya ha advertido que una 'euroviñeta' ampliada será una de sus prioridades.

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El problema es que los años de bonanza han terminado y el Gobierno está obligado a buscar recursos donde sea. La financiación futura de las infraestructuras se ha convertido en una asignatura 'hueso' para el Gobierno, que se ha marcado como objetivo definir lo antes posible un marco estable. Por eso Blanco ha propuesto crear una subcomisión en el Congreso «para fijar los criterios de actualización del PEIT» en el que se debatirá tan espinoso asunto.

El ministro apunta, incluso, más allá de los profesionales de la carretera. «Uno se pregunta por qué un transportista que utiliza las infraestructuras tiene que pagar por utilizarlas y no, por ejemplo, un ciudadano que tiene un coche de gran cilindrada».

Bajo esa premisa tampoco se pueden descartar nuevos impuestos a los vehículos más contaminantes, en línea con la segunda parte de la directiva de la 'euroviñeta', aún en trámite y que contempla los costes externos (contaminación, etc.) del uso de las vías. La primera, que data de 2006, se refiere sólo a los costes internos (construcción, operación y mantenimiento), se aplica a los vehículos de más de 12 toneladas (a partir de 2012, a los de más de 3,5 toneladas) que circulan por la red transeuropea.

Austria, Alemania, República Checa, Eslovaquia y Suiza han establecido sistemas de peaje para vehículos pesados de acuerdo a la normativa comunitaria. Polonia, Dinamarca, Países Bajos y Francia están en vías de implantarla. La norma, además, deja libertad a los países para conceder una «compensación adecuada» por las tasas.

Aquí puede que esté el núcleo del debate en España. La CEOE está dividida, algunas ramas como las constructoras o las concesionarias de infraestructuras claman por la llegada de los peajes, siempre dejando la puerta abierta a esas 'compensaciones' complementarias. Ayudas que podría servir para promover el agrupamiento de operadores u optimizar y renovar las flotas. Ese ala 'pro-euroviñeta' deja clara su preferencia por una «neutralidad fiscal» de la medida.

Como es lógico, el transporte se niega en redondo, y recuerda que la llegada de esas tasas supondría vulnerar los acuerdos del 11 de junio de 2008 firmados con Fomento tras un periodo de huelga por la carestía de los combustibles. Un pacto en el Gobierno se comprometía a «apoyar en el ámbito comunitario a las posiciones consensuadas con el sector en relación con la 'euroviñeta' y la tarificación de las infraestructuras».