Casi un centenar de denuncias por agresiones a médicos y enfermeros

Los tribunales de Justicia de la provincia de Cádiz dictaron el año pasado un total de siete sentencias condenatorias relacionadas con agresiones sufridas por profesionales de la sanidad, de las cuales una, además, tuvo que ser recurrida aunque finalmente con resultado favorable para el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En 2014 se denunciaron un total de 90 ataques a médicos, enfermeros, celadores y administrativos de centros de salud y hospitales gaditanos. De estas agresiones a funcionarios o personal laboral, 69 fueron verbales o insultos y 21 físicas; un 6,7 % más que el año anterior, en 2013, cuando se contabilizaron 84 ataques a facultativos, según datos facilitados por la Consejería de Salud. Desde el Gobierno andaluz lamentaron este incremento y condenaron «cualquier acto violento contra los profesionales de la sanidad andaluza».

A lo que añadieron que desde la Consejería «se seguirá trabajando para luchar contra estos actos injustificados e inaceptables».

Por su parte, de las 90 denuncias, el Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz registró 22 casos de agresión física o verbal a colegiados en el ejercicio de su labor asistencial por parte de pacientes y familiares o acompañantes de pacientes durante 2014. Esta cifra supone una disminución respecto a los datos registrados en 2013, en que se contabilizaron 27 episodios violentos. Es decir, un 18,52% menos. A este respecto, entre las medidas de seguridad con las que cuentan los centros sanitarios de Cádiz se encuentran 1.237 unidades de software antipánico, 221 teléfonos directos con seguridad, 253 salidas alternativas, 191 videocámaras de vigilancia en espacios abiertos preservando la intimidad en todo momento de los pacientes y profesionales, o 341 timbres antipánico en consultas.

Protocolo de actuación

En el momento en el que se notifica una agresión en un centro sanitario, la Consejería de Salud activa el protocolo de actuación que incluye la asesoría jurídica al profesional agredido. Además del apoyo psicológico si lo estima conveniente y la posibilidad de favorecer su traslado a otro centro si también lo solicita.

Por ello, en 2007, fue la propia Consejería de Salud la que solicitó al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la Fiscalía calificara como delito de atentado las agresiones a personal sanitario en las que se hubiese producido un peligro real para la seguridad o la vida de los profesionales. El nuevo Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio, viene a refrendar esta línea de trabajo y también considera delito de atentado las agresiones a profesionales sanitarios, lo que supone mayores condenas para el agresor.

En concreto, la nueva redacción del artículo 550 del Código Penal establece que en los casos de condena por delito de atentado, los agresores serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos. Dicho artículo, especifica además que, «se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas».

Desde la Consejería de Salud quisieron subrayar que «la prevención de las agresiones a los profesionales durante la prestación de la asistencia sanitaria ha sido siempre, y seguirá siendo, una prioridad».